Profesor Titular UT

El complejo problema de los accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios tuvo otro capítulo importante la semana anterior. Aunque en términos generales la mayoría de colombianos se pronunciaron a favor del “endurecimiento de las medidas”, también existen personas que expresan su escepticismo de que se logre una disminución ostensible en el número de episodios y les asisten varias razones, entre ellas la venalidad de los jueces, como ha quedado en evidencia en casos recientes, donde los responsables de estos actos irracionales logran ser exonerados ante “dudosas argucias jurídicas” por parte de sus abogados.

Quienes consideramos que solo la educación logra cambiar las conductas de los individuos y generar transformaciones culturales a largo plazo, debemos aceptar el fracaso parcial de todas las campañas de sensibilización que se han hecho en el país para mejorar las actitudes de los individuos. Miles de millones de pesos se han “invertido” en una publicidad aparentemente novedosa (inteligencia vial) y sin embargo los borrachitos siguen atropellando y asesinando peatones.

Los victimarios, especialmente aquellos que, prevalidos de ciertos poderes (recordemos los merlanos, salamancas, varelas y demás), no han sido castigados como se lo merecen porque los esguinces y maniobras (léase sobornos) han inclinado a los jueces a tomar medidas que hagan menos rigurosas estas medidas.

Frente a una realidad que no se estudia en profundidad, el Estado saca a relucir la represión y emite leyes como la 1696 del 19 de diciembre para intentar solucionar un problema de múltiples aristas. Esta es una solución simplista, porque no tiene en cuenta factores biológicos (no todos los individuos tienen el mismo metabolismo), técnicos (los medidores no funcionan en óptimas condiciones) y tecnológicos (existen sustancias distintas que pueden dar resultados positivos de alcohol: caso enjuagues bucales).

Las penas se contemplan a partir del Grado O de alcoholemia que va de 20 a 40 mg, a partir de esta cifra encontrada en la sangre se aplicará un castigo de cerca de dos millones de pesos y un año de suspensión de la licencia. Fácilmente se puede llegar a los cuarenta miligramos, por ejemplo consumiendo, una copita de vino.

Las raíces del problema no se solucionan con una legislación como la que actualmente se aplica, la situación es mucho más seria y se debe obtener transparencia en las instituciones encargadas de aplicarla; mucha más educación en todos los niveles de tal manera que se genere realmente un cambio, a lo anterior hay que agregar propuestas a todos los niveles para que nos apersonemos de un problema que puede tener buenos resultados, si comprendemos su funcionamiento.

Por eso no creemos en que la solución deba ser completamente punitiva.

lcelemin@ut.edu.co