Un proceso complejo y prolongado

Pensar que la restitución es apenas el primer paso de un largo proceso que debe venir acompañado de protección para las familias que retornan, apoyo económico y técnico para recuperar la capacidad productiva de las tierras e inversión en una infraestructura de bienes y servicios para el usufructo de los que regresan.

Nadie dijo que el proceso de reparación de las víctimas de la violencia y la restitución de las tierras usurpadas por la fuerza fuera un asunto sencillo.

Por la calidad de quienes lideraron las expropiaciones, por la sevicia con que actuaron y por la existencia de grupos armados a disposición de quienes se adueñaron de enormes extensiones a punta de fuego y sangre o mediante presiones y argucias jurídicas se suponía que habría enorme resistencia a la decisión gubernamental de aplicar la justicia y devolver a las víctimas sus propiedades.

Sin duda, el proceso jurídico toma su tiempo no solo por la oposición en los tribunales, el ruido mediático y la manipulación de las redes sociales mediante un equipo aceitado y adocenado que busca aparecer la restitución de las tierras y el apoyo a las víctimas como un despojo a honrados hacendados y sacrificados creadores de riqueza, tarea en la que contribuyen muy connotadas figuras políticas y muy caracterizados gremios.

Sin embargo, el grado de violencia con el que han actuado las bandas que quieren preservar el injusto estado de cosas ha generado estupor dentro del país y alarma en las organizaciones internacionales protectoras de los derechos humanos que ven con preocupación la cadena de atentados, amenazas y asesinatos que rodean la restitución.

El propio Gobierno nacional ha reaccionado ante los hechos de sangre y ha designado a un general de la Policía para liderar las acciones que persigan y desmantelen a las agrupaciones de sicarios que se encargan de intimidar a los reclamantes. A la vez ha asignado una cuantiosa recompensa para quien denuncie a los identificados cabecillas de tan bárbaras acciones.

Los actos violentos se concentran en Córdoba y Antioquia, regiones que han padecido por lustros la presencia de estas bandas y en donde figuras de la política se han coaligado con los violentos y se han apropiado de grandes extensiones valiéndose de la fuerza y su poder político.  

Pensar que la restitución es apenas el primer paso de un largo proceso que debe venir acompañado de protección para las familias que retornan, apoyo económico y técnico para recuperar la capacidad productiva de las tierras e inversión en una infraestructura de bienes y servicios para el usufructo de los que regresan.

Como se decía al principio el proceso ha de ser lento y difícil, por lo que debe recibir el decidido apoyo de todo el país contra la resistencia de los bárbaros. 


EL NUEVO DÍA

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