Contra los abusos

No se pretende una declaratoria de guerra ni el retiro del embajador a consultas, pero sí se requiere de una posición clara del Gobierno colombiano para poner las cosas en su sitio, proteger a los nacionales sujetos a la intemperancia de los uniformados venezolanos y poner coto a los reiterados abusos que se comete contra los colombianos.

La Cancillería Colombiana se caracteriza por ser muy acuciosa e intentar mediar en los conflictos que se presentan en diversas partes del globo, así como opinar sobre disputas y controversias frecuentes en el volátil escenario internacional.

Así ocurrió cuando ofreció sus servicios para buscar la conciliación entre palestinos e israelíes en esa eterna disputa y recientemente apareció muy diligente para desarrollar conversaciones con su similar de El Salvador, así como para censurar las acciones de Hamas en la reactivación de los enfrentamientos en la franja de Gaza.

Sin embargo, no se ha pronunciado ni para bien ni para mal respecto de la incursión del ejército venezolano en tres municipios fronterizos colombianos, que se saldó con la destrucción de tres puentes construidos por las comunidades sobre el río Zulia, que permitían el paso de los habitantes y el intercambio de productos entre los habitantes de los dos países. Al menos una de las incursiones se tradujo en el saqueo de tiendas localizadas en el lado colombiano, bajo el pretexto de que allí se vendían productos subsidiados por el Estado venezolano que habían sido traídos de contrabando a territorio colombiano.

Hasta el momento lo único que se conoce es el pronunciamiento del embajador colombiano en Caracas, Luis Eladio Pérez, quien manifestó a los medios haber puesto en conocimiento de la Cancillería venezolana lo ocurrido y que el asunto se estaba manejando “al más alto nivel”.

Los organismos colombianos han anunciado que se está llevando a cabo “exhaustivas investigaciones” para conocer el alcance de lo sucedido, pero, como de costumbre, nada se saca en claro y pronto los abusos caen en el olvido.

No se pretende una declaratoria de guerra ni el retiro del embajador a consultas, pero sí se requiere de una posición clara del gobierno colombiano para poner las cosas en su sitio, proteger a los nacionales sujetos a la intemperancia de los uniformados venezolanos y poner coto a los reiterados abusos que son cometeidos contra los colombianos tanto en territorio venezolano como (más grave aún) en pleno territorio colombiano.

REDACCIÓN EDITORIAL

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