Como era de esperarse, el proceso judicial que se le adelantaba a Andrés Fabián Hurtado, hoy exsecretario de infraestructura del Tolima, esta semana reventó en su contra. Al ingeniero, quien durante 2014 y en calidad de director del aeropuerto Perales de Ibagué permitió la celebración clandestina de un encuentro de piques ilegales, le fue dictada medida de aseguramiento con detención domiciliaria, mientras su defensa prepara un recurso de apelación que puede o no ser tenido en cuenta el próximo mes para determinar la prolongación de la sanción.
Hurtado, por obvias razones fue relevado del cargo en la Gobernación, desde donde, según algunos, venía abonando terreno para llegar como un firme candidato a la Alcaldía de Ibagué en las próximas elecciones.
Aunque el proceso continúa, lo ocurrido desde ya marca un precedente y de alguna manera refleja también una sanción moral a las determinaciones indebidas adoptadas por el funcionario, que, según los argumentos de la Fiscalía, actuó como un “vil delincuente”.
La manipulación de las cámaras de vigilancia, así como el constreñimiento a guardas de seguridad del Aeropuerto para que estos no apuntaran en las minutas aquella jornada nocturna de piques en las pistas del Aeropuerto, sustentan tales afirmaciones.
Apartándonos de las palabras expuestas por los representantes de la Fiscalía en el caso, el accionar de Hurtado en efecto sí representó un acto irregular que indistintamente de los motivos, como aquel de que en Ibagué no hay pistas para practicar el popular cuarto de milla, merecen todo el reproche y, desde luego, la sanción impuesta desde el principio, cuando en su momento fue retirado del cargo por la Aeronáutica Civil.
En diligencias judiciales quienes tienen la última razón son los tribunales, pero quizá con el caso de Hurtado, la detención, tal vez exagerada, lo que busca es frenar una posible manipulación política del proceso, teniendo en cuenta lo que representa ser Secretario de Infraestructura del Departamento, y en donde se firma y se avala proyectos millonarios con recursos públicos.
Lo otro que habría que decir es que apelar a la solidaridad a través de plantones, carteles y camisetas al estilo de los “perseguidos políticos” del uribismo, pierde todo sentido y dignidad cuando dicho propósito es usado en casos como el de Hurtado, en donde evidentemente hubo una falla y un acto inapropiado de un funcionario público, y de quien los ciudadanos esperan un comportamiento íntegro, honesto y conforme a la ley.
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