¿Qué tienen en común un partido de fútbol infantil y un juego en una cancha de tejo? Que los dos iniciaron como encuentros amigables y terminaron en bronca. Estos son solo un par de ejemplos de los casos de intolerancia que se viven a diario en las calles de Ibagué. En los últimos días se han difundido videos que muestran que el pan de cada día en los barrios ibaguereños es la violencia. Se han registrado riñas en el parque de la Música, en la 24 con Cuarta Tamaná, en el Calarcá, en Ancón, en La Gaviota, en el Topacio, en Kennedy y en los alrededores del Éxito de la calle 80.
La situación es cada vez más crítica. De acuerdo con el secretario de Gobierno, Edward Amaya, el 75% de las muertes violentas en Ibagué en 2023 se debió a casos de peleas por motivos de intolerancia, en muchas ocasiones acompañados de alto consumo de licor.
¿Qué sucede? ¿Fracasaron las políticas de convivencia? ¿Y los centros de conciliación? ¿Qué factores inciden para que los ciudadanos resuelvan sus conflictos con violencia?
En realidad, son muchos los motivos que influyen en la actitud de las personas y sus relaciones con su familia, sus amigos y sus vecinos. La impunidad, la inoperancia de la justicia, el hecho de que no haya sanciones para quien infringe las normas, el desprecio por las leyes, el desinterés por escuchar las razones del otro y el menosprecio por las formas pacíficas de solucionar los conflictos, además de los problemas familiares y económicos (la mayoría de estos casos suceden en los lugares más deprimidos y abandonados, en los que no hay presencia del Estado) son solo algunas de las variables. Por eso, lo más importante es que desde la administración se adopten con firmeza políticas dirigidas a mejorar la convivencia, de manera coordinada e interinstitucional, y que se implementen acciones claras y contundentes.
En los años noventa del siglo pasado, Bogotá fue un ejemplo del manejo de la convivencia ciudadana, ya que este fue uno de los ejes de las políticas del gobierno del entonces alcalde Antanas Mockus. Gracias a ello, el número de homicidios pasó de 80 por cada 100.000 habitantes en 1993, a 19 en 1998. Es decir, que con acciones decididas se pueden alcanzar cambios favorables.
La alcaldesa Johana Aranda ha comenzado con el pie derecho su administración, escuchando y atendiendo las necesidades más apremiantes de los ibaguereños. Seguramente si su equipo asesor elabora y desarrolla una política de cultura ciudadana, acompañada de la efectividad de la justicia y de una permanente pedagogía en las comunas, en los colegios, en las universidades y en todos los escenarios públicos, contará con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos que ya están hastiados de estos problemas.
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