Vapi insiste a entes de control indagar en dos puentes ejecutados por la Gobernación

Crédito: SUMINISTRADA/EL NUEVO DÍASegún Vapi el patín inferior de las IPE, Perfiles Estructurales de Acero, que son seis se encuentran alabeados y con ondulaciones.
Para la Veeduría Agua para Ibagué, Vapi, existen serios interrogantes en la ejecución de los puentes de Gualanday y El Totumo en temas relacionados con contratación y ejecución. Asimismo, se advierte que parte de una de las estructuras muestra anomalías.

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Desde Vapi se volvió hacer un llamado a los entes de control del departamento para que revisen las denuncias hechas desde 2021 sobre la construcción de los puentes vehiculares en Gualanday y en El Totumo por el Gobierno departamental.

Sobre estos casos se tienen diferentes cuestionamientos, entre ellos, deterioro en parte de la infraestructura, poca utilidad en el de Gualanday y sobrecostos en la ejecución de El Totumo.

¿Se empieza a deteriorar?

En el denominado puente de la ‘Voluntad’ como se le llama a la estructura vehicular ubicada sobre el río Coello y que brinda movilidad entre San Luis y Coello, se critica que a pocos meses de haberse inaugurado las vigas metálicas que soportan el tablero del puente, “se encuentran torcidas, alabeadas”, de la misma forma la Veeduría precisa que “existen ondulaciones en toda su longitud; estas falencias han venido incrementándose con el tiempo”, se precisa en un comunicado emitido hace unas semanas.

Es decir, que luego de entrar en funcionamiento se empezó a evidenciar deterioro, lo que no es comprensible para los veedores.

Otra de las observaciones hechas fue sobre la baja afluencia de tránsito, pues tras una labor de monitoreo hecho durante cinco horas un día sábado, se contó el tránsito de seis volquetas y cuatro automóviles.

A lo que se sumaría que el puente “comunica la nada con la nada”, ya que al otro lado de la estructura hay un corto tramo pavimentado que se pierde con dos que están en alto deterioro, uno se direcciona hacia San Luis y un distrito de riego, mientras que el otro, a la Escuela Internacional para el Entrenamiento en Operaciones Policiales, Cenop.

Ante los hechos, un interrogante de Vapi es si el puente, que tuvo un valor de $11 mil millones, terminó beneficiando a los propietarios de tierras que están en la zona que se valorizaron.

La obra fue adjudicada en 2019 al Consorcio Puente Coello 2019 integrado por Ricardo Ortigoza y Diseños y Construcciones S.A.S. El valor inicial fue de $6 mil 887 millones, tras una adición de $3 mil 443 millones el valor final fue de $10 mil 330 millones. Igualmente, se adicionó tiempo.

Lo que piden revisar en obra de El Totumo

Vapi pidió desde hace más de un año a los entes de control que revisaran el proceso de licitación de este puente, pues aunque inicialmente se estableció que no se haría anticipo y que se pagaría una vez estuviera ejecutada la obra, esta condición se habría modificado a través de un Otrosí.

Otra situación en la que se llama la atención es que a los 30 días de comenzar la obra se habría certificado un avance del 83 %, lo que significó un desembolso de $4 mil millones al contratista. No obstante, el tiempo total de ejecución fue de 141 días.

Además, en la información enviada a los entes de control, se anexa un cuadro comparativo de los costos que se manejan en la construcción de puentes.

Para la época de la denuncia se expuso que en el Huila se manejó valor por metro cuadrado (M2) $42,7 millones, en los viaductos de Coello – Cocora y Gualanday II $54,2 millones y $48,7 millones respectivamente y en Risaralda $32 millones.

Mientras que en El Totumo y Gualanday, contratados por la Gobernación, según Vapi el M2 llegó a los $100 millones.

Este contrato se adjudicó en 2016 al Consorcio Diseños Viales 2019 y Diseños y Construcciones S.A.S., además del puente, en ese entonces se destinaron recursos a la rehabilitación de tres kilómetros en la vía Ibagué – El Totumo, por lo que la inversión total superó los $6 mil millones.

En el comunicado también se indica “como es de tiempo atrás que estas conductas son de conocimiento de la opinión pública y especialmente de las entidades de control que conforman (la) Comisión Regional de Moralización del Tolima, en nombre de la ciudadanía solicitamos se nos informe sobre la totalidad de las acciones que la Comisión haya hecho para conocer y frenar estas prácticas, así como lo propio hecho por cada una de las entidades que conforman la Comisión”.

Los hechos fueron oficiados desde hace más de un año ante la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República.  

 

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REDACCIÓN TOLIMA

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