A propósito de su labor en cerca de 15 meses, la contralora Departamental, Carolina Giraldo Velásquez, reseñó el hecho de no brindar prórrogas, cuestión que en su concepto ha generado malestar en los sujetos de control, pues al parecer estaban “acostumbrados” a ello.

Así pues, mencionó que al momento de adelantar una auditoría, ejercicio para el cual es clave conocer si el contrato está liquidado, y pese a solicitar información con antelación, en ocasiones, esta no se encuentra lista.

“Es sorprendente que se pida la información, llegues al trabajo de campo y que no esté”, dijo Velásquez, quien apuntó que ante tal situación ha entregado la directriz de requerir la documentación de manera escrita.

“Ya me ha tocado que cuando no entregan la información entonces iniciamos procesos sancionatorios por obstaculización del proceso auditor, que es una de las competencias que me da la ley”, indicó la contralora.

Además, con relación a las auditorías de gestión y financiera, resaltó su incremento, toda vez que mientras en 2022 se adelantaron dos, en lo corrido de este año se habla de 11, de las cuales, según dijo, nueve ya finalizaron.

Respecto a dicha labor, enmarcada en el Plan de Vigilancia 2023, trajo a colación que para finales del próximo mes se espera contar con el informe definitivo de la auditoría de gestión y financiera que se adelanta en la Gobernación del Tolima.

Precisamente sobre ese tipo de documentos manifestó que “no es como muchos dicen, que nosotros no hacemos nada, que no informamos, todos los informes cuando ya son definitivos los comunicamos y subimos a nuestra página web”.

Cabe señalar que el Plan, que representa una ruta de trabajo para la entidad, se construye con base a información vinculada con el presupuesto, las auditorías, denuncias, entre otros. Así las cosas, y dadas las características del presupuesto, aseguró que el hospital Federico Lleras Acosta y la Universidad del Tolima, entre otras instituciones, siempre estarán en el radar de la actividad.

Más cifras 

En medio del balance entregado, la contralora indicó que en 2022 recibieron alrededor de 280 peticiones, siendo 40 elevadas a actuación especial de fiscalización, lo que derivó en hallazgos fiscales que superan los $1.700 millones. Con corte al 25 de septiembre de 2023, las peticiones corresponden a 360.  

En torno al papel del ciudadano, mencionó que en un recorrido por la región se les viene capacitando. Y es que conforme con Velásquez, al llegar a esos espacios “uno escucha que es que la Contraloría no sirve, yo denuncié y no hicieron nada”.

Tales episodios, en su concepto, reflejan personas que no están informadas sobre las funciones de la Contraloría, por lo que hizo hincapié en que las actuaciones del órgano departamental se desarrollan teniendo en cuenta de dónde provienen los recursos, toda vez que si es dinero del orden nacional, la encargada es la Contraloría General.

 Sin embargo, reconoció y resaltó el hecho de que la ciudadanía denuncie. “Ya han llegado denuncias que son mucho más fuertes, tienen más pruebas, la semana pasada llegó una denuncia, la analizamos, no hubo necesidad de auditoría o actuación especial de fiscalización, sino que estaba tan clara que la envié para proceso de responsabilidad fiscal”, contó la contralora.

Igualmente, reseñó que en 2023, en lo concerniente a hallazgos fiscales, en el marco del Plan de Vigilancia, se tiene el registro de 17, por más de $395 millones. En el caso de aquellos que surgen tras actuaciones especiales de fiscalización, se trata de 14 y el valor supera los $808 millones.

La Contralora Departamental comentó que el caso del distrito de riego Triángulo del Sur del Tolima, proyecto cuya inversión supera los $500 mil millones y que aún no culmina, es competencia de la Contraloría General de la República. ARCHIVO / EL NUEVO DÍA

¿Qué se ha hecho ante los proyectos que no vieron la luz?

A mediados de julio de este año la Contraloría General de la República dio a conocer que en el país, a la fecha, se habían identificado 1.753 proyectos, siendo 1.054 categorizados como ‘elefantes blancos’, por un valor de $7.02 billones, y 699 como proyectos críticos, que representan $8.2 billones.

Asimismo, indicó que en términos de departamentos, los de mayor cantidad de recursos comprometidos son Cauca ($2.9 billones), Antioquia ($1.1 billones) y Tolima ($1.03 billones).

Frente a esa radiografía, EL NUEVO DÍA consultó a la contralora departamental en torno a las acciones que llevan a cabo. “Nosotros seguimos haciendo nuestras auditorías con el Plan de vigilancia, seguimos haciendo actuaciones especiales de fiscalización con la finalidad de recuperar, si en un momento determinado se da, el dinero de los tolimenses”, dijo.

Así las cosas, reiteró que en la auditoría revisan que aquello que se proyectó en el marco de una obra se contrató y en realidad se efectuó. “Si dentro de la auditoría entramos a establecer que presuntamente hubo una desviación de recursos, que se invirtieron mal, lo que hacemos es dejar el hallazgo, y si queda firme lo compulsamos a la Fiscalía”, acotó.

Desde hace por lo menos cuatro meses, según relató, se adelanta una revisión en torno a las obras inconclusas en la región, proceso que implica actualizar información para determinar si hay avances en algunos casos.

Sin embargo, la cifra que posee la entidad departamental señala que los ‘elefantes blancos’ corresponden a alrededor de 60 obras. Es por eso que han surgido procesos de responsabilidad fiscal ante contratos relacionados con la construcción de la primera fase del hogar del adulto mayor en Icononzo; la reposición, ampliación y construcción de alcantarillados residuales y de aguas lluvias en el corregimiento Santiago Pérez de Ataco.

Asimismo, con relación a la construcción de parques biosaludables y el puente sobre el río la Sabandija en Armero - Guayabal. Por su parte, Anzoátegui sale a flote por un contrato que tenía por objeto la construcción de obras de estabilización y pavimentación. 

Ante los ‘elefantes blancos’, Velásquez precisó que “cuando vamos mirar la fuente de los recursos, la gran mayoría es del nivel nacional, es decir, competencia de la Contraloría General de la República”.

No obstante, “hace mes y medio suscribimos un compromiso entre las contralorías territoriales y Contraloría General con el fin de hacer equipo para revisar qué está pasando con obras inconclusas”, expresó.

Dato

Ante el denominado ‘hurto navideño’ en Purificación, la Contralora recordó que el asunto es analizado por la Contraloría General.

“El malestar del ciudadano también es por desconocimiento de nuestras funciones”, Carolina Giraldo Velásquez, contralora del Tolima.