Según los afectados, las autoridades violaron el debido proceso, porque no les notificaron que serían desalojados.

Sumado a ello, manifestaron que les están vulnerando el derecho al trabajo, ya que en este momento, están sin mercancía y sin un sitio para laborar.

“Ni la Secretaría de Gobierno ni la Alcaldía nos han manifestado qué van hacer con nosotros. Además, ellos violaron el debido proceso, nos dejaron sin trabajo y aguantando hambre. 

“Nosotros ignoramos porque no tuvieron la delicadeza de llevarnos una notificación de que seríamos desalojados. 

“Nada de eso lo hicieron y, como si fuera poco, el día que quitaron las casetas, no nos mostraron un documento de allanamiento, lanzamiento o expropiación. 

“El señor Coronel de la Policía dijo que existían unas denuncias contra los propietarios de las casetas, pero surge la pregunta, ¿por qué no las judicializaron?. 

“Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario o si no estaríamos en Picaleña”, expresó Jhon Fredy González.

Ana Luz Ducuara, otra de las afectadas, manifestó que demandarán al Municipio. ”Yo estaba en una reunión y cuando vine se me habían llevado la caseta, por eso vamos a demandar a la Alcaldía pues nunca nos avisaron y nos dejaron con las manos cruzadas.

“Nosotros no entendemos si en la Administración de Rubén Darío Rodríguez, nos reubicaron aquí, porque ahora vienen a decir que estábamos ocupando el espacio público”, agregó.

Jaime Angarita, propietario de caseta, se defendió de los comentarios de que en dicho sector se vendían objetos robados.

“Eso es un rumor, tal vez en un tiempo, pero nosotros tenemos los documentos de la mercancía”, puntualizó.

EL NUEVO DÍA intentó dialogar con el director de Espacio Público, Mario Fernando Díaz Pava, pero fue imposible la comunicación. 

Sin embargo, recientemente había manifestado a través de este medio que “se tenía conocimiento de que en estas casetas estaban comercializando productos de vehículos, de origen dudoso”.