Los habitantes critican el accionar del contratista y de la Gestora Urbana, que no esperaron el fallo de la acción popular interpuesta por ellos para impedir el proyecto y la tala de 100 árboles.

La acción popular fue administada ante los juzgados pero no se acató las medidas cautelares que solicitó la comunidad de detener la construcción y el aprovechamiento de los individuos arbóreos.

Los habitantes aseguran que el Municipio desconoció que el terreno es zona de relleno por donde discurren las aguas negras y lluvias de la quebrada La Pioja.

Además, peligro, malestar, intraquilidad, contaminación auditiva y otros inconvenientes que generará para la convivencia en el sector el centro de recreación deportiva.