Tras las denuncias y críticas surgidas alrededor de la inversión de $2 mil 497 millones en la compra de 309 kits tecnológicos y 50 mil sillas por parte de la Gobernación del Tolima para entregarlas a las juntas de Acción Comunal de Ibagué y algunos municipios, se conoció que el Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría departamental avanza en una auditoría exprés.

De esta forma se busca determinar si la iniciativa fue desinteresada u obedeció a propaganda política.

Del mismo modo, se pretende establecer si la millonaria inversión fue una acción planificada en el marco del Plan de Desarrollo del gobierno Barreto.

‘Lluvia’ tecnológica

En septiembre de 2017 la Gobernación anunció la entrega de dotación tecnológica a las juntas de Acción Comunal en Ibagué, dicho ‘combo’ incluyó 100 sillas plásticas, un computador portátil, video beam, telón de proyección y una cabina de sonido, elementos que en su conjunto tienen un valor de $6 millones 289 mil, cifra que se especifica en el contrato de comodato establecido entre los presidentes de las JAC y la Secretaría del Interior del Tolima.

Semanas después, los equipos empezaron a tomar protagonismo en la agenda del gobernador, pues durante varios fines de semana se convocó a los presidentes de junta para hacer las entregas.

Esta actividad, que en ocasiones fue encabezada por el mandatario Óscar Barreto, llegó a seis comunas de la Capital Musical, al igual que a Espinal, Coello y Ataco.

Teniendo en cuenta que se acercaba una contienda política en donde uno de los candidatos al Senado por el Tolima es familiar del Gobernador, las suspicacias no se hicieron esperar, pues varios ciudadanos vieron el hecho como un posible ‘favorecimiento político’.

Según el contralor Edilberto Pava, la auditoría exprés se inició por ciudadanos que “denunciaron dos cosas, uno que se estaba haciendo política (con) la entrega de estos temas y dos, la fuente de financiación, decían que estaban sobrevalorados, que era una inversión no planificada en el Plan de Desarrollo”.

Otra de las solicitudes fue revisar la contratación y “el uso de los recursos, la fundamentación de las entregas de los elementos, si es legal o no”, añadió Pava.

Compra por subasta inversa

En el primer semestre de 2017 la Secretaría del Interior, licitó la compra de bienes inmuebles (50 mil sillas) para el fortalecimiento a la infraestructura física y tecnológica de las organizaciones comunales dentro del proyecto Fortalecimiento de la Democracia con Gobernabilidad Participativa en el Tolima, proyecto que tuvo un valor de mil 200 millones de pesos.

Del mismo modo, se buscó la adquisición de los kits, para ello se presupuestó mil 297 millones de pesos.

Para el caso de las sillas, se especificó la altura, el rango de oscilación, el ancho, la profundidad con rango de oscilación, peso, color, tipo de superficie del asiento y el espaldar, además, se solicitó filtro UV certificado a un año, tapones antideslizantes y se pidió que en el espaldar llevara una calcomanía con el logo y emblema de la gobernación.

En la etapa de observaciones algunos de los interesados solicitaron a la Gobernación que se hicieran cambios en la ficha técnica pues tal y como se describía la silla, se estaba direccionando la compra a una sola empresa, “al momento de que alguno de los oferentes le sea adjudicado el proceso va a quedar en desfavorecimiento ya que cuando se hacen estos tipos de procesos, las empresas productoras suben el precio al saber que su producto es único y exclusivo”, expresó en su momento Industrias Metálicas Lucena.

La respuesta que entregó la Administración seccional, fue que los procesos de contratación permiten que la entidad de a conocer sus necesidades y adelante el análisis correspondiente, del mismo modo precisó que “no es posible dejar a la libre escogencia del oferente el bien a suministrar”.

Y como se anunció en la etapa de observaciones, el listado de 13 proponentes pasó a cuatro después de la revisión de la muestra de la silla, quedando habilitados Unión Temporal Gobertolima 2, Unión Temporal Dotación Tolima, Consorcio Sillas 2017 y la Unión Temporal Tecni-Fil 01.

Luego de avanzar en el trámite y evaluar los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia, el comité técnico concluyó que únicamente quedaban habilitadas Unión Temporal Gobertolima 2 representada por Luz Myriam Botero Ospina y el Consorcio Sillas 2017 que tenía por delegado a Julio Beltrán Arango.

No obstante, al momento de adelantar el proceso de la subasta, solo hizo presencia Unión Temporal Gobertolima 2, entidad que habría cumplido con el total de los requisitos y que presentó una oferta económica de mil 199 millones 996 mil pesos.

La situación generó que la proponente Diana Milena Leguizamón Leal solicitara revocar el acto administrativo de adjudicación del 12 de septiembre de 2017 argumentando que se había cometido un error porque en “caso de la Selección Abreviada por Subasta, mínimo dos proponentes deben estar habilitados, con los cuales se abrirán sus respectivas ofertas económicas.

“En este caso, la entidad omitió claramente la Ley y solo abrió el sobre del proponente que se encontraba presente en audiencia (…) dejando por fuera arbitrariamente al proponente Consorcio Sillas 2017 ya que a pesar de estar habilitado no tuvieron en cuenta su sobre económico, haciendo ilegal el proceso”, se explicó en la resolución Nº 44 de la Gobernación del Tolima.

La Administración seccional respondió que “entre la adjudicación de la selección pública y la firma de contratos no se presentó ninguna causal de inhabilidad (…) ni adicionalmente fueron, oportunamente, aportadas pruebas con el lleno de los requisitos legales que demuestren que el acto fue expedido valiéndose de medios ilícitos”.

Y en lo relacionado al hecho especifico que uno de los oferentes no estuvo presente, indicó que en este caso se trataba de una subasta inversa presencial, razón por la cual los habilitados debían estar presentes para adelantar la puja.

“Si en la audiencia de subasta inversa presencial solo se hace presente un oferente habilitado y su oferta económica cumple con los términos del pliego de condiciones, (…) no es necesario adelantar la audiencia de subasta ya que no habrá puja y el comité evaluador puede sugerir al ordenador del gasto le sea adjudicado el proceso de selección a dicho oferente habilitado”, situación que se habría presentado en este caso.

Por esta razón no se accedió a la solicitud de revocatoria.

En lo que respecta a la Unión Temporal Gobertolima 2 se conoció que está conformada por las empresas Inversiones, Archivos y Servicios S.A.S. con el 53% y Riveros Botero y Compañía Limitada con el 47%.

Para el caso de la primera entidad, cuenta con experiencia de licitaciones en Bogotá, Villavicencio y Caquetá. En 2014 contrató el suministro de archivos para la sede operativa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, del mismo modo, para la regional Tolima del Sena, dichos contratos no superaron los $100 millones.

Su propuesta, que fue única, estuvo en mil 199 millones de pesos, es decir que el precio por unidad de silla fue de $20 mil 168, cifra que al sumarle el IVA del 19% da un valor unitario de $23 mil 999.

EL NUEVO DÍA revisó precios de sillas de referencias similares en almacenes de cadena como en Homecenter, allí se pueden encontrar en $21 mil 900 con IVA incluido precio que coincide con algunos de los muebles en plástico que se encuentra en Mercadolibre.

Un pendiente más

Otro de los procesos que adelanta el ente de control es sobre el viaje de productores de cacao del Tolima a París, el cual tuvo una inversión mayor a $100 millones, según el contralor Edilberto Pava, también en dos semanas se conocería si hubo alguna irregularidad con esta propuesta que se adelantó a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y que en su momento generó distintas controversias, una de ellas, fue por el hecho de que por los mismos días estuvieron en la ‘Ciudad de la Luz’ las esposas de los secretarios de Desarrollo Agropecuario e Infraestructura.

Ordenador del gasto defendió inversión

El secretario del Interior, Ricardo Orozco, dijo que este fue un proceso orientado a atender algunas de las peticiones de las juntas de Acción Comunal, por ello, al preguntarle si tal vez fue una exageración invertir más de mil millones de pesos en la compra de sillas, respondió que no.

“Es un proceso que se hizo en subasta inversa, estamos hablando de 50 mil sillas frente a casi 4 mil juntas de Acción Comunal que tiene el Tolima, yo diría que no estamos cubriendo ni el 10% de las juntas.

“Pienso que es una actividad que nunca se había hecho y hoy lo está haciendo el Gobierno departamental, creo que por eso han llovido críticas, porque nunca se había hecho nada, pero frente a esos temas nosotros tenemos la tranquilidad, porque pienso que lo más importante es hacer y llegarle a las comunidades y sobre todo a las JAC”, precisó el funcionario.

Agregó, que este año se volverán a adelantar propuestas similares, teniendo en cuenta que faltan más de tres mil juntas que cubrir.

En esta oportunidad, la inversión llegó a 309 JAC a través de la entrega de kits completos, en otras casos solo se dio entre 50 y 100 sillas, cifra que varió según el número de socios.

Entre octubre y diciembre, “se llegó a todas las JAC del Espinal, se entregó en el casco urbano y dos corregimientos de Ataco, a algunas juntas de la zona rural de Ibagué y a seis comunas”, precisó Orozco.

El proceso se frenó por la Ley de Garantías, sin embargo, el objetivo es continuar con las entregas después de mitad de año.

Otra de las precisiones que hizo el funcionario es que este es un proyecto que viene desde la época de campaña del gobernador Óscar Barreto y que sí se encuentra dentro del Plan de Desarrollo, “estamos buscando que las juntas tengan acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que tengan elementos para hacer actividades como cine al parque, capacitación, promoción y prevención. La entrega se hizo a través de comodato”, explicó.

Y a la pregunta ¿se justifica la inversión de más de 2 mil millones de pesos en estos equipos?, la repuesta fue “claro, totalmente justificable además tiene todo un soporte que viene desde la campaña en su propuesta, está contemplado dentro del plan de desarrollo del departamento, estamos hablando desde casi 4 mil organismos de acción comunal frente a una inversión de 2 mil 400 millones”. 

Una sola oferta habilitada

De otra parte, en lo que respecta a los kits tecnológicos, luego de que la licitación precisara al detalle el tipo de computador a adquirir, el telón, videoproyector y cabina de sonido, se presentaron 11 propuestas.

Una vez se evaluaron los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, el único proponente habilitado fue el Consorcio Kits Gobernación, entidad conformada por la distribuidora JLI S.A.S. con el 90% y Julio Cesar Beltrán Garzón con el 10%, dichos participantes del Tolima, hicieron una propuesta por mil 202 millones de pesos.

En cuanto a la experiencia de los integrantes, durante los últimos años contrataron con entidades locales como la Alcaldía de Ibagué, el Ibal y el Conservatorio del Tolima, suministrando equipos técnicos.

Una vez se procedió a adelantar la audiencia de adjudicación, se conocieron varias intervenciones de los proponentes en donde solicitaron cambiar al comité evaluador, pues consideraron que la forma en que se adelantó la revisión generó favorecimientos.

Por ejemplo, la Unión Temporal Nexamout Tolima 2017 expuso entre sus observaciones que “consideramos que hay sesgo en la evaluación y están favoreciendo al único proponente que ya ha sido contratista de esta gobernación, está repitiendo y tiene muchísimo trato con este gobierno, en aras de transparencia le solicito que nombre un nuevo comité y responda en Derecho las peticiones que le hemos elevado”.

Ante las observaciones recibidas, el comité evaluador procedió a responderlas jurídicamente y a reiterar su decisión de recomendar a la Secretaría del Interior, aceptar la propuesta de Consorcio Kits Gobernación. En cuentas, el conjunto de elementos tecnológicos tendrían un costo de $3 millones 889 mil, sin embargo, al comparar precios en tiendas virtuales el combo con las mismas características y adquiriéndolo por unidad tendría un costo cercano a los $3 millones 230 mil.

¿Se le está sacando provecho a la inversión?

El equipo tecnológico y sillas fueron entregadas a través de un contrato de comodato por cinco años a los presidentes de JAC, en el documento se especifica que tiene como finalidad ser utilizadas como instrumento de cooperación entre las juntas y la Gobernación, también se precisa que deben ser usados en actividades tendientes a apoyar, mejorar y fortalecer las JAC.

Otra de las precisiones es que se debe “restituir el bien una vez vencido el plazo del contrato, en las mismas condiciones que se recibió, y a paz y salvo por todo concepto de gastos relacionados con su uso (…)”, asimismo, que el director para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal de la Secretaría del Interior, será la encargada de vigilar, hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del comodato.

Para conocer la utilidad que se le está haciendo a estos elementos, EL NUEVO DÍA dialogó con algunos presidentes de JAC de Ibagué, ellos coincidieron en que era una solicitud que venían haciendo desde hace varios años.

Ancizar Sánchez presidente del barrio San Diego, contó que los residentes de esta zona de la comuna Dos, si le están sacando provecho a los kits, pues no contaban con el suficiente número de sillas, lo que dificultaba la asistencias a reuniones y capacitaciones. En cuanto a las herramientas tecnológicas, se usan para programas como el de Huertas Caseras.

Sánchez explicó que tenía la duda si eran los tesoreros quienes debían recibir la dotación, ante la inquietud expuesta, la Gobernación le indicó que “no, usted que es el presidente debe responder por estos elementos, el comodato son cinco años, (tiempo) en el que se debe vigilar y cuidarlos”.

Para el caso de San Diego, los elementos están guardados en el salón de la JAC.

En cuanto a la necesidad de otras inversiones, el comunal indicó que les haría falta una cámara de seguridad.

En el barrio Ricaurte, también está la duda de por qué estos elementos no ingresaron por tesorería, pues según explicación de José Sánchez, tesorero de la JAC, la Ley 743 de 2002, indica que una de las funciones de su cargo es ingresar y administrar los objetos que lleguen a las juntas.

“Esta parte de la entrega de elementos que hizo la Gobernación, que la avalo por la gestión, quedaron en manos de la presidenta de forma irregular, porque la entrada no es por el lado de la presidencia sino de la tesorería”, comentó.

Agregó, que hasta la fecha desconoce qué utilidad se le están dando a los kits y que está a la espera de que se haga el ingreso según la normatividad, “de acuerdo a los estatutos, en el caso de nosotros, dice que todo elemento que se reciba, ya sea por donación o comodato, debe entrar por tesorería con el visto bueno de la presidenta y la secretaria”.

Para el caso del barrio 20 de julio, el presidente de la JAC, Nelson Rincón, contó que estos elementos venían siendo solicitados desde hace años tanto al gobierno municipal como departamental y que finalmente tuvieron respuesta, y aunque la comunidad sabe que tienen la disponibilidad de utilizarlos, por ahora no han hecho solicitudes de préstamo.

“Las necesidades que tienen los barrios son muchas, pero viendo la problemática que existe entre la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, a nosotros nos cayó del cielo que nos hubieran dado estos equipos tecnológicos, tenemos otras necesidades pero ya le competen a la Alcaldía de Ibagué”.

En cuanto a esas prioridades estaría el cambio de la red de alcantarillado en el 80 por ciento del barrio, solicitud que ya estaría andando.

Y en la caso del barrio El Topacio, el representante legal Libardo Antonio Moreno, explicó que al no contar con un salón comunal, el kit está guardado en su casa y disponible para ser prestado a los residentes de este sector.

Precisó que en el tema de comodato tenía algunas dudas, ya que en dos años se elegirá un nuevo presidente y él quedó como el responsable de los artículos, razón por la cual, a su debido momento deberá hacer un traslado de responsabilidades a través de un acta.

En cuanto al nivel de inversión, Moreno indicó que en su barrio contaban con pocas sillas y no tenían un computador para adelantar las diligencias respectivas a sus responsabilidades, razón por la cual considera que es una inversión a la que se le está sacando provecho.

Sobre las necesidades, el barrio El Topacio sigue buscando la construcción del salón comunal, pues aunque se cuenta con la disponibilidad del terreno hasta el momento el tema sigue siendo tan solo un proyecto.

Cifra

$6 millones 289 mil es el valor que se le asignó a los kits dentro del contrato de comodato.

Dato

En total se entregaron 309 kits y cerca de 40 mil sillas, por lo que la Gobernación tendría un inventario de 10 mil sillas. La idea para este año, es hacer entregas en Chaparral, Planadas, Lérida y Fresno.