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Tras una denuncia elevada por la Secretaría de Infraestructura en donde advierte posibles irregularidades en el contrato de consultoría 2666 suscrito en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, que tuvo como objeto los estudios y diseños para la ampliación de la avenida Ambalá entre la calle 103 y la plaza de mercado de El Salado, la Contraloría de Ibagué evidenció hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal por $184 millones 488 mil pesos, así como hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal en el marco de la ejecución del contrato.
Según indicó el ente de control en un informe técnico, existió un presunto detrimento patrimonial toda vez que se canceló por los avances en los estudios sin que existan los soportes de que sí se ejecutaron los mismos. Por ejemplo en los estudios de topografía se pagó el 100 % sin que se tuviera el recibo total del entregable, incluso en el mismo informe se precisa que “no es una entrega final”.
En cuanto al estudio e implementación del plan de manejo de tránsito avaluado en $23 millones 061 mil pesos, no se pudo evidenciar ningún documento que soporte su entrega, pero sí su pago también en un 100 %, lo mismo ocurrió en la entrega del plan de adaptación de las guías ambientales y el estudio del predial que en su caso solo avanzó un 30 %.
El diseño de pavimentos también se canceló en un 100 % sin cumplir el objeto a entregar, en el mismo se pedían dos alternativas de diseño y sólo se realizó una, pero tampoco sin que se allegaran memorias, presupuestos o análisis de precios. unitarios.
“Se efectuaron pagos al contratista por la suma de $184.488.690, por concepto de topografía, diseño pavimentos, estudio de tránsito, geología y geotécnica, plan de adaptación de las guías ambientales y estudio predial, sin estar evidenciados ni soportados los entregables, generándose un presunto detrimento de esos recursos y una apropiación indebida de los mismos, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e inefectiva”, denunció el ente de control.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Juan Carlos Núñez ratificó la denuncia de posibles irregularidades en el trámite que según reseñó, “impidió que la contratación cumpliera su finalidad pese a los esfuerzos desplegados desde este despacho para propender que el contratista entregará los productos que efectivamente fueron cancelados; adicional a lo anterior el soporte documental que integra la carpeta del contrato no permite que podamos encontrar justificaciones o argumentos que nos lleven a cambiar nuestra opinión sobre lo denunciado”, dijo.
Sin interventoría
En el mismo sentido, la Contraloría expuso el incumplimiento en los tiempos de ejecución contractual, toda vez que se habrían realizado actividades fuera del periodo del acta de inicio.
Aunado a ello, la Contraloría verificó que el proceso no tuvo interventoría, por lo mismo la Secretaría de Infraestructura del anterior Gobierno habría presuntamente incumplido los principios de contratación y podría estar ante una presunta conducta punible por el tipo penal de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
“Lo anterior evidencia una conducta cuestionable con implicación disciplinaria por presunta desatención de las funciones por parte de los responsables del proceso en referencia, por falta del debido cuidado o previsión exigible, por negligencia en el ejercicio de estas y por violación manifiesta de las normas y reglas de obligatorio cumplimiento contenidas en el contrato”, acotó la Contraloría municipal.
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