Por la liquidación de 2012 y 2013, cada uno de los diputados demandantes tiene pretensiones por cerca de 800 millones de pesos a la fecha, pero, por su parte, los asambleístas que están repitiendo curul tendrían pretensiones por cerca de dos mil millones de pesos.

Esto, debido a la falta de claridad por no considerarlos como empleados públicos, pero, según el diputado Ricardo Orozco, debido a unas demandas hechas en todo el país durante 2012 la sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la ley 1345, habría impuesto siete sentencias, en las que se reconoce el régimen laboral que cobija a los diputados.

Lo cual los favorecería para que se les cotice todos los meses su salud, pensión y las demás prestaciones de ley, ademas tendría que ser la Gobernación la que pague, ya que al no tener un NIT dependerían del Gobierno departamental.

La cifra tan elevada se debería a que, según los Diputados, la ley afirma que cuando se hace una mala liquidación se debería tener en cuenta un día de salario por un día de mora, y luego de dos años se cobraría el interés máximo.

Los miembros de la duma esperan que este año ya se tenga algunos fallos, porque a pesar de los derechos de petición hechos al secretario de Hacienda, Ángel María Gómez, la Gobernación espera la sentencia de un juez.