Una auditoría especial hizo el ente de control a la empresa de acueducto y alcantarillado del Tolima, Edat, luego de una serie de denuncias sobre los trabajos que han quedado inconclusos en la mayoría de municipios del Departamento.

Lo que arrojó el análisis preliminar es que se encontró un presunto detrimento patrimonial por la suma cercana a los nueve mil 908 millones de pesos, según explicó el contralor del Tolima, Efraín Hincapié.

“Esto se debe a varios pagos que se hicieron a contratos y la entidad no cuenta con los soportes de informes de auditoría, y sin evidenciarse las cancelaciones en dinero”, afirmó.

Agregó que en 2012, se hizo una investigación a esta entidad, donde fueron encontrados unos hallazgos administrativos. “Pero lo que evidenciamos ahora es que no se hizo el plan de mejoramiento que en ese entonces se requirió”.

Con respecto al detrimento por el no cumplimiento de la consultoría 051 de 2010, de parte del Consorcio Estructuración Tolima, para la estructuración y formulación de los proyectos del plan de choque en los municipios del Plan Departamental de Aguas, el Contralor hizo unos reparos.

“Cuando se iban a ejecutar las obras se encontraba que los estudios no correspondían, es decir, la Edat adjudicaba los contratos y al iniciar los trabajos no había concordancia, y en muchas partes dejaron inconclusas, lo que originó la suspensión de las mismas”, informó Hincapié.

El Contralor señaló que las investigaciones hechas por este ente, también están relacionadas con quejas de las comunidades de Casabianca, Santa Isabel y Murillo, entre otras.

“Ya se le corrió traslado a la Edat para que haga sus descargos al respecto, y el plazo es de cinco días para que hagan su pronunciamiento ante el informe preliminar. Lo que evidenciamos son dineros que ya se cancelaron y los soportes no están”, indicó.

Otros detrimentos

Imprevistos cancelados sin justificación en el contrato 32 de 2013, consorcio OMH Murillo 2012, para el plan maestro del municipio, además del pago sin soporte, y sin existir un informe del interventor y supervisor de la obra ejecutada por una suma cercana a los 450 millones de pesos.

El contrato de consultoría 47 de 2013, suscrito con José Fernando Ruiz Lerma, para la interventoría del proyecto para Murillo, sin existir soporte de la justificación jurídica y técnica. El detrimento en este caso es de 88 millones de pesos.

Otros tres procesos tienen que ver con las obras de Santa Isabel, por 77 millones de pesos, con el consorcio CME Santa Isabel, donde tampoco hubo justificación de los valores.