El anuncio hecho por la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, de normar la dosis mínima del consumo de drogas sintéticas, tiene divididos a diversos sectores políticos del Tolima, que defienden el proyecto y otros que optan por mantener la institucionalidad de la familia, la educación y el bienestar de los jóvenes.  

Para el coordinador del Polo Democrático por el Tolima, Héctor Orlando Zambrano, la Ley 30 de 1986, por la cual se define las dosis mínima para el consumo de marihuana y cocaína, y se dictan parámetros para su prevención, es un canto a la bandera, puesto que en Colombia no existe una política seria para combatir la producción, tráfico y consumo de estupefacientes. 

De acuerdo con el líder del Polo, el hecho de que permitan el uso y porte de una pastillas de éxtasis o anfetaminas, “no resuelve el problema porque es atacar el mal en una hoja de un árbol”.

“En Colombia, la política de drogas no es de autonomía nacional, sino que está sujeta a lo que diga Estados Unidos, que no se compromete con una política de cumplimiento sobre el consumo. De no existir no habría producción y por lo tanto se acabaría la adicción.

“Tampoco hay una solución para suspender las aspersiones de los cultivos ilícitos y buscar su restitución en común acuerdo con los campesinos y no se ve el consumo como una prioridad para la salud pública.

“La aprobación o no del proyecto es un simple paño de agua tibia, porque el problema de la drogadicción no se resuelve dejando que la persona consuma o no una o dos dosis de tabletas de éxtasis, sino implementando una política seria que ataque esas problemáticas”, aseveró Zambrano. 

Por su parte, el diputado Liberal, Vladimir Espín, señaló que “es muy grave que el Gobierno esté pensando en la despenalización del consumo y la producción de estas sustancias que tanto daño le hacen a nuestro país”. 

“No se le debe dejar de decir al Gobierno que los colombianos no estamos de acuerdo con la despenalización de este tipo de drogas, porque estas sustancias son dañinas para la integridad y futuro de nuestro país. 

“Cualquier padre de familia que tenga a su hijo en la universidad no estará de acuerdo con que consuma drogas sintéticas, es una locura. Estas son igual o más dañinas que la drogas típicas”, afirmó Espín. 

No rotundo del conservatismo

Como ya lo había anunciado el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, el partido Conservador no acompañará un estatuto que abra paso a la despenalización. 

Según el representante a la Cámara, Alfredo Bocanegra, es ilógico que Colombia y el Gobierno se quejen del narcotráfico y por otro lado estén hablando de despenalizar el consumo de drogas.   

“Sería paradójico y lamentable que se pudieran abordar esos temas (como la legalización del consumo de anfetaminas) hasta casi que patentizar ese consumo y nos quejemos del narcotráfico. Todo se le sale de la política y la moralidad del Gobierno”, manifestó. 

Para Bocanegra se debe definir si “todo debería estar penalizado en la medida en que se deben repudiar legalmente este tipo de hechos o estamos relativizando que lo único malo es la explotación económica de la actividad y lo demás es bueno”.

Voces a favor

El diputado por el movimiento Mira, Jorge Duque Arciniegas, afirmó que su partido enarbolará las banderas del nuevo Estatuto Antidrogas, cuyos principios permitirán la implementación de una política pública de prevención y recuperación de las personas que consumen y son adictas a las drogas sintéticas.

Según Duque, el Mira ha propuesto que se despenalice el consumo de drogas para que el Gobierno asuma las responsabilidades en prevención y atención a los consumidores que ya ascenderían a 100 mil.

“Estamos de acuerdo con que se despenalice el consumo de las drogas sintéticas porque ya tenemos la despenalización del consumo de marihuana y cocaína, lo que no permite el incremento de los consumidores, sino que haya una política pública de prevención, de que sumen recursos y se puedan identificar los pacientes para poderlos tratar. 

“Tenemos ejemplos como los de Estados Unidos que penaliza el consumo y se lleva a una persona que es adicta a la cárcel y nos topamos con altas cifras de reincidencia; ellos se la pasan saliendo y entrando de la cárcel. No queremos que pase eso en el país”, afirma el diputado tolimense.

Que se abra el debate

Para el representante Liberal, Rubén Darío Rodríguez Góngora, es necesario que se abra el debate y se desmitifiquen los tabúes “de que estamos supeditados a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos”. 

De acuerdo con Rodríguez Góngora, no hay que olvidar que fue el partido Liberal que propuso en la Comisión Primera de la Cámara, bajo la ponencia del congresista Hugo Velásquez, el proyecto por el cual se buscaba suprimir del Código Penal la persecución a los cultivadores de droga por dicha actividad.

Según Rodríguez Góngora, hay que abrir el debate para conocer todas las posiciones a favor y los puntos de vista en contra para tomar una decisión al respecto.

“Acá pasó lo del alcohol. Anteriormente era penalizado el comercio del licor, se legalizó y hubo un control del Estado que sirvió para que se dejaran tantos intereses económicos. Así pasaría con el tema de la drogas. Hay que mirar otros modelos que se han dado en Europa. La última palabra no la tiene el partido Liberal, sino las colectividades que se basarán en la opinión de los expertos en estos temas”, concluyó.