"El Marco Jurídico para la Paz es esencial para el futuro de un país, como el nuestro, que avanza en un proceso de paz para terminar de una vez por todas con un conflicto a todas luces anacrónico y que nos ha costado demasiado dolor y sangre”, dijo el presidente Santos.

El Jefe de Estado reiteró que es imposible "pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia ni procesar absolutamente todos los responsables” y estimó que el Marco Jurídico es la herramienta ideal para poder garantizar los derechos de las víctimas.

Según dijo, se trata de una “estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas".

Por otra parte, el presidente Santos señaló que la decisión de la Corte Constitucional que le dio luz verde a la iniciativa es una muestra de la relación armónica entre las Ramas del poder y una evidencia de que “sin injerencias indebidas, pueden trabajar por un mismo fin, que es la paz, el bienestar, la felicidad de la Nación".

“El primer requisito de una justicia real y eficiente es la independencia. ¿Cuántos gobernantes, llevados por el ansia de poder, o por el prurito de perpetrarse, no han querido moldear la justicia a su imagen y semejanza para convertirla en un instrumento más de su dominio? ¿Cuantos más, angustiados porque la Justicia no obedece a sus designios, la han perseguido violando las normas más elementales de la democracia?”, tiró el Presidente Santos.

El primer mandatario hizo estas afirmaciones al participar en la apertura de la segunda ronda de talleres de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana.

Allí les pidió a los representantes de la Justicia de Iberoamérica que visitan el país que “ojalá” respaldaran el proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc en La Habana, Cuba.

Presupuesto de la Rama Judicial

Por otra parte, Santos indicó que el Gobierno comprometió 1,4 billones de pesos para la nivelación salarial de los empleados de la rama judicial.

Según señaló para la descongestión de los juzgados el actual Gobierno ha invertido un billón de pesos, con lo cual se han podido concluir más de 800 mil procesos represados.

Y agregó que se están invirtiendo 2 billones de pesos en infraestructura física y tecnológica para implementar la oralidad y la justicia digital.