Termina el mes de enero y una nueva polémica ha surgido luego de las decisiones adoptadas por el mandatario de los ibaguereños, el aumento excesivo del impuesto predial puso a Jaramillo en la mira de la mayor parte de la ciudadanía.

A sus ya conocidas diferencias con el gremio transportador, se le sumaron las decisiones tomadas con respecto a la fusión de las Eses, su diferencia con el gremio constructor por el tema de las licencias, con la CCI por el tema de la tributación, sus pullas a los medios de comunicación, y ahora con el ciudadano del común, que ya venía criticándole sus decisiones sobre la aplicación de normas al uso de la motocicleta, continúa exigiendo la disminución en los precios del impuesto predial.

De igual manera, a Jaramillo le reconocen su capacidad de trabajo, pues es bien sabido que su jornada laboral comienza desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Además de la exigencia con sus Secretarios de Despacho.

Acá un breve recuento de las ‘diferencias’ con unos y otros, que hoy a dos años de acabar su mandato lo tienen alejado de varios sectores.

Transporte

El mandatario ha insistido en la creación de un sistema integrado de transporte y para ello ha sostenido reuniones y asambleas con el gremio, incluyendo empresas, propietarios y conductores, pero al final no se ha podido concretar nada.

Varios ‘rounds’ se han jugado y hasta ahora el más perjudicado ha sido el pasajero, pues la mala prestación de este servicio queda registrada en las múltiples denuncias de los usuarios.

El pasado 29 de enero el gerente de Sitsa, William Cervera, empresa que agrupa a las siete de transporte público en la ciudad, afirmó que el proyecto que crea la empresa que operará el Setp, deja por fuera a los transportadores.

De acuerdo con el directivo, el artículo primero del proyecto entregaría a este ente la operación del Setp y los deja por fuera del negocio, pues esta no puede ser juez y parte en la operación, recaudo y control del sistema.

Por su parte el secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha, explicó que el ente gestor no se encargaría de la operación de los buses, sino de la estructuración y funcionamiento de todo el sistema. Sin embargo, el tira y afloje entre administración y transportadores continúa.

El aumento en el valor del pasaje fue otro tema en que no se pusieron de acuerdo, pues mientras Mahecha indicó en su momento que luego de varias reuniones de concertación entre empresarios y propietarios de buses habían llegado al acuerdo de subir 100 pesos al valor, Cervera indicó que no tenía conocimiento de la modificación.

El uso de la imagen ‘Qué nota de ciudad’, en los buses que hacen parte de Sitsa, fue otro tema que los hizo controvertir, pues el secretario de Tránsito de la época Hernán Silva, dijo en su momento que Sitsa no tenía autorización de la Administración para pintar en los buses y busetones esta imagen.

Cervera, indicó que tenían la autonomía empresarial y que cumplieron con los requerimientos del Ministerio de Transporte para pintar los logotipos en la flota de buses, así mismo, dijo que enviaron un documento a la Alcaldía en el que sustentan jurídicamente la iniciativa.

Los constructores

Desde el Foro de Vivienda que se llevó a cabo en noviembre de 2017, los constructores le reclamaron a Jaramillo mayor celeridad en el otorgamiento de las licencias.

El Alcalde, por su parte, sostuvo que se sintió atacado durante todo el foro y enumeró lo que estaba haciendo la Administración municipal sobre la ciudad.

Aseguró que lo que se pretendía era revisar las licencias que se otorgaron y que no cumplieron con las normas.

Sin embargo, el decreto 566 emitido el 29 de julio de 2017 y que restringía por seis meses la expedición de licencias de urbanismo, venció el 29 de enero de 2018. Pero la Alcaldía a través de la Secretaría de Planeación trabaja en el decreto que impedirá la expedición de licencias de construcción para nuevos proyectos que se pretendan surtir y/o aprovechar del servicio de agua a través de los acueductos comunitarios.

“Nosotros estamos preparando un nuevo decreto, no ampliando el que se expidió, sino aclarando las condiciones en que se deben expedir las licencias de construcción y que solo se podrán tramitar donde haya agua potable y suficiente”, dijo el director del POT, Ismael Molina.

El Director de Planeación, reiteró que la socialización de esta iniciativa con Camacol, gremio que representa al sector de los constructores en el país, no era necesaria por ser una decisión que solo le corresponde a la Administración.

A esto se sumó que uno de los indicadores que tuvo en cuenta el Doing Business 2017, realizado por el Banco Mundial, fue la obtención de permisos de construcción, el cual registra todos los trámites, el tiempo y el costo necesario para que una empresa pueda edificar una bodega en la periferia de la ciudad.

Al tener en cuenta las ciudades en donde es más difícil el proceso de obtención de permisos de construcción, Ibagué ocupó el primer lugar.

Véliz Alfonso Mejía, presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima, contó que una de las dificultades en la ciudad es la disponibilidad de agua.

“Para pedir una licencia de construcción, usted debe tener disponibilidad de agua, pero la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal S.A.) no la está dando hasta que el Alcalde no certifique que el constructor va a hacer viviendas de interés social”, dijo Mejía.

Tributación

Desde el pasado 23 de noviembre, la Alcaldía expidió el decreto que modificó el cobro por aprovechamiento del espacio público, y a partir de allí los comerciantes han expresado en varias ocasiones su molestia por el alto costo que se cobrará.

El director Ejecutivo de Fenalco Tolima, Óscar Díaz Enciso, ha sido enfático en decir que los comerciantes están dispuestos a pagar por el uso del espacio público, pero que con la fórmula del actual decreto, el pago sería difícil de sostener para tenderos y restaurantes.

Díaz aseguró que la Alcaldía dejó cerrada la puerta para una posible reducción de esta cuota, la cual es demasiado alta, y además, inicialmente solo la deben pagar los formales, algo que aumentó aún más la inconformidad del gremio.

Por otra parte, la CCI reiteró que la carga tributaria tiene en ‘jaque’ a los empresarios de Ibagué.

Su presidente, Luis Alfredo Huertas, aseguró que las cifras sobre bajos impuestos reveladas por la Alcaldía no se ajustan a la realidad y aseguró que se deberían adoptar políticas para atraer grandes empresas a la ciudad.

Huertas dijo que no solo la alta tributación afecta a los empresarios, pues el cobro por uso de espacio público, que no es un tributo, ha hecho que pequeños comerciantes cancelen su matrícula. De igual manera, desmintió lo dicho por la Alcaldía al decir que la cancelación de matrículas en esta época del año es un comportamiento normal.

Y fue enfático al declarar, “Subir indiscriminadamente impuestos es lo que hace que los empresarios se ahuyenten, no son unas declaraciones en pro del empresariado de la región”.

El ciudadano

Varias políticas de la Administración no han caído bien entre el ciudadano del común, sobre todo porque estas decisiones afectan directamente el bolsillo de los ibaguereños.

Cerca de dos mil ‘moteros’ en Ibagué, protestaron por el alza en sus impuestos, los controles excesivos por parte de las autoridades, las altas tarifas en parqueaderos y combustibles, la posible implementación de peajes y el pico y placa para estos vehículos.

“No queremos pico y placa para las motos, no más alzas en el Soat y cero peaje para las motos, esa es la voz de protesta que queremos sentar”, exclamó el vocero de los moteros.

Jaramillo no dio una fecha exacta para la entrada en vigencia de esta medida restrictiva, pero aseguró que se implementará.

Por supuesto, esto no se compara con la más reciente decisión del cobro del impuesto predial, que logró no solo la unión de algunos medios de comunicación, los gremios económicos también estudian medidas jurídicas frente a la actualización del predial.

Gabriel Márquez, presidente del comité de gremios económicos del departamento, manifestó que el comité entiende la necesidad de los impuestos como base para el desarrollo de una ciudad, pero que, sin embargo, no están de acuerdo con la forma en que se implementó y se aplicó.

“Hemos solicitado la colaboración de los abogados de los diferentes gremios que hacen parte del comité para ver qué acciones jurídicas cabrían en este caso con el fin de anular o disminuir el cobro de estos impuestos”, afirmó Márquez.

En fin, no queda espacio para recordar temas de amplio conocimiento público como el enfrentamiento político con el gobernador del Tolima y el revés de la consulta minera; sin embargo, a Jaramillo le queda un año y 11 meses de gobierno en el que los ibaguereños esperan resultados, impuestos justos, obras y menos confrontaciones. 

Fusión de las Eses

 En 2016 la Alcaldía, a través de la secretaria de Salud de ese momento, Valentina Salazar, presentó ante el Concejo el fortalecimiento de la USI y la liquidación del hospital San Francisco.

El alcalde en entrevista a EL NUEVO DÍA indicó: “Estamos buscando la fórmula de crear una sola institución para que quede pública. Esto ya tenía proyecto de acuerdo, Jorge Tulio Rodríguez ya había hecho toda la planificación, no lo hicieron porque dijeron que era mejor tener dos hospitales y repartírselos políticamente. El Ministerio de Salud ha sido muy enfático y la Secretaría de Salud, de que debe haber una sola entidad y va a ser pública”.

Este tema enfrentó tanto al Sindicato de trabajadores del Hospital San Francisco, como a la Anthoc con la Administración.

Al final con solo tres votos negativos, el Concejo avaló la iniciativa, la Alcaldía no renovó el contrato de 48 trabajadores que pertenecían a la planta temporal del San Francisco, como parte de las medidas de reorganización administrativa.

Luego se conoció la noticia de que a 31 de estos exfuncionarios se contrataron para trabajar en la USI, por medio del convenio interadministrativo firmado entre la Alcaldía y la Unidad de Salud de Ibagué, USI, a través del Modelo Integral de Atención en Salud.

Contra los medios

 En el acto de rendición de cuentas del Ibal, correspondiente a la gestión del año 2017, el alcalde arremetió en contra de los medios de comunicación.

Jaramillo indicó que había duda sobre el origen de los recursos con los que se financiaba la radio, el periódico y la televisión de la ciudad.

En la rendición de cuentas de su gobierno el pasado diciembre, indicó que habría una emisora propia para el servicio de la comunidad, y que este sería un espacio de inclusión que no estaría ligado a ningún tipo de pauta, “no como el periodismo de esta ciudad”, aseguró el mandatario.