Los dos jóvenes habían sido cobijados con esta medida por los delitos de concierto para delinquir; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; y elaboración de elementos con sustancias peligrosas, por hechos cometidos durante el Paro Nacional.

Según el Gobierno, Cabrales Jaramillo es un estudiante de un Programa Técnico Laboral por competencias en auxiliar en sistemas, también es líder estudiantil y político.

Por su parte, López Barrera es un líder político que ha trabajado por los derechos humanos, es voluntario de la Cruz Roja Seccional Santander y ha practicado la disciplina de calistenia en la modalidad de ‘Street Workout’.  

El Gobierno explicó que “los jóvenes han manifestado, a través de sus apoderados, la voluntad de ejercer su rol como voceros de paz. Una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento”.

Otras solicitudes 

El pasado 3 de enero el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, radicó ante los jueces de Paloquemao, en Bogotá, otras tres solicitudes de libertad de jóvenes que fueron nombrados como gestores de paz.  

Se trata de Luidiar Felipe Camacho Chávez, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz, quienes, según la Fiscalía, hacen parte de La ‘Primera Línea Engativá’, en Bogotá, y fueron capturados y judicializados junto con 10 personas en noviembre de 2021.  

¿Quiénes son?

Según el Gobierno, Luidiar Felipe Camacho es un joven artista urbano y deportista de 21 años que vive solo con su madre, una mujer de 62 años, enferma de diabetes y tensión alta, a quien brindaba su cuidado hasta la fecha de su detención.

Este joven trabajaba como alistador de autos y camiones nuevos y usados. Además, dado que es un deportista dedicado, no solo practicaba fútbol, skateboarding y BMX, sino que trabajaba como entrenador y como juez en diferentes competencias en las que contribuía a la formación deportiva de niños, niñas y adolescentes.

Es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en medio del transporte público colectivo u oficial y violencia contra servidor público.  

Steven Guevara, por su parte, estudió gastronomía en el Sena y en el Politécnico Internacional. Ha trabajado en restaurantes y su proyecto personal y económico es montar un restaurante, según explica el Gobierno Nacional.

Es investigado por concierto para delinquir con fines terroristas, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas y violencia contra servidor público en concurso heterogéneo.

Por último, Daniel Fernando Ruiz, según el Gobierno, es un reconocido líder social de la localidad de Engativá y ha desarrollado trabajo comunitario, en alianza para varios proyectos y procesos juveniles, deportivos, ambientales, y otras iniciativas territoriales para la promoción y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, así como la creación de tejido social en esa localidad.

Es investigado por empleo y lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, tenencia, fabricación y tráfico de objetos peligrosos, violencia contra servidor público y concierto para delinquir, instigación a delinquir, perturbación en medio de transporte público. 

Constituyen agencia especial 

La Procuraduría General sigue en el seguimiento instaurado contra la jueza coordinadora del centro de servicios de Paloquemao Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, por presuntas irregularidades. Al considerar que esta jueza no tiene las facultades para ordenar la libertad de los integrantes de la Primera Línea, designados como gestores de paz por el gobierno, el organismo de control constituyó una agencia especial para seguir de cerca el proceso.

Igualmente, designó al titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal para que actúe en todas las etapas del proceso.

De otra parte, la Procuraduría requirió a varios coordinadores de Centros de Servicios Judiciales de diferentes ciudades del país, donde se adelantan procesos relacionados con la ‘primera línea’, comunicar al Ministerio Público la programación de audiencias cuyo fin sea resolver las peticiones de libertad de personas vinculadas, de acuerdo con las solicitudes que hace la presidencia.

DATOS

10 jóvenes fueron liberados de las cárceles del país para convertirse en voceros de paz el pasado 30 de diciembre. 

Hay que anotar que las personas que ingresen al programa de ‘voceros de paz’ harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad para las Víctimas, el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros.

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