El procedimiento de desalojo y lanzamiento que haría efectivo Espacio Público y Control Urbano, a un inmueble que está ubicado en la variante frente al motel Casa de Campo y que se denomina granja La Primavera, no se llevó a cabo.

Aunque con vehemencia la jurídica de Espacio Público y su mismo Director, Carlos Alberto Hoyos, indicaban que se procedería pues ya estaban agotadas todas las instancias, resultó que en un movimiento, casi como de ajedrez, el apoderado de la Corporación Colombia, al parecer la ONG dueña del predio, aportó una acción de tutela que aunque no tiene los efectos de suspender la mencionada diligencia, sí frenó el procedimiento.

En pausa

En la mañana de ayer, algunos medios de comunicación nos hicimos presencia en el inmueble ubicado frente al motel Casa de Campo, en donde se anunció se llevaría a cabo un desalojo.

En el lugar había Policía, Bomberos, varios funcionarios de la oficina de Espacio Público, entre ellos, una abogada y su Director; de igual manera, estaba presente César Augusto Vargas, representante legal de la Corporación y Hernando Álvarez Urueña, apoderado de dicha ONG.

La diligencia empezó con una acalorada discusión entre Álvarez Urueña y la jurídica de Espacio Público, pues según Álvarez la prepotencia y la falta de conocimiento de la abogada, no le dejaba entender que lo que él presentaría sería una oposición al procedimiento.

Luego de los gritos, vino la calma que fue aprovechada por Álvarez Urueña para argumentar su oposición como apoderado de la ONG.

Según este abogado, cuando se construyó la casa a la orilla de la vía (en 1994), existía otra norma en la que se estipulaba la franja de la vía en 30 metros, con base en la cual se pretende demoler el predio, pero debido a la construcción de la doble calzada la norma cambió y ahora es de 100 metros, por lo que los cobija el principio de favorabilidad de la ley.

También, presentó un documento que emitió Planeación municipal en el que, al parecer, exoneran a la corporación de dicha situación y dejan en claro que si se llegara a necesitar algún día esa franja de terreno, el Municipio o la Nación tendría que comprar los terrenos, y no se podría ni expropiar ni demoler.

Indicó que la oficina de Espacio Público estaba inmersa en un lío judicial, si continúan haciéndose cargo de los procesos de desalojo en Ibagué, pues con el nuevo Código de Policía perdieron dicha facultad, pues quien sería la autoridad para llevar a cabo dichos procedimientos sería un Inspector de Policía; además, en el predio vive una familia de cuatro integrantes, entre ellos, dos menores de edad, y lo que se haría es un lanzamiento.

Por otra parte, se conoció que a dicho predio se le está cobrando una multa de 54 millones de pesos.

Sin embargo, Espacio Público anunció que seguiría adelante, fue así como Álvarez solicitó la presencia de la delegada del Ministerio Público, quien estaba presente durante todo el procedimiento, pero no había intervenido.

Nilma Mildred Medina, de la Personería municipal, indicó que el proceso surtió todas las etapas y que la oposición que se presentó no cabía, pues el proceso se inició antes de la vigencia de la ley 1801.

Los argumentos de Espacio Público

Carlos Alberto Hoyos, director de Espacio Público, indicó que la diligencia que se estaba llevando a cabo no era un tema personal, simplemente estaba actuando conforme a la ley y sus obligaciones.

Señaló que es un proceso que no se hizo de un día para otro, sino que lleva años, que ha culminado todas sus etapas jurídicas, pues es una franja que es de protección, constitutiva de espacio público.

Afirmó que como Director ha sido requerido por los entes de control para que explique por qué no se ha llevado a cabo el procedimiento.

En su momento, recalcó que la idea era hacer la diligencia lo más pacíficamente posible, que se estaba esperando a Infancia y Adolescencia y que seguirían adelante, pues a pesar de los argumentos del abogado se tenía que ejecutar.

Sin embargo, ante el oficio de la acción de tutela, Hoyos manifestó que era prudente, debido al tema de la tutela, suspender la diligencia para que el juez en su competencia diga si se violan o no los derechos constitucionales.

Pa’ atrás

Luego de que Álvarez Urueña preguntó a dicha funcionaria si avalaba la diligencia, prosiguió a mostrar el radicado de la tutela.

Con la tutela que fue presentada ante el juzgado Quinto penal con función de control de garantías, se pretende demostrar que se están violando los derechos fundamentales constitucionales de dicha ONG.

Ante este oficio, la delegada de la Personería ‘decidió’ solicitar al Director de Espacio Público suspender la diligencia hasta que se pronunciara el Juez.

De esta manera, Hoyos detuvo la diligencia, cada uno subió a sus medios de transporte y la familia que vive en dicho predio desde hace tres meses, seguirá en ese lugar, por lo menos, durante 10 días, mientras el juzgado falla la tutela.

Cifra

10 días tiene el juzgado para fallar la tutela que interpuso el representante legal de la Corporación Colombia.