TOMADO DE LA SILLAVACÍA.COM

Henry Villarraga, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, está hoy en medio del huracán por las grabaciones que reveló Noticias Uno en las que habla con un coronel investigado por ‘falsos positivos’ sobre cómo ayudarle a que su caso pase a la justicia penal militar, un evento tan grave que volvió a poner sobre el tapete la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, como propuso el presidente Santos.

Pero no es el primer escándalo que envuelve a Villarraga y hasta ahora nadie ha asumido el costo político de haberlo elegido magistrado a pesar de no tener experiencia como juez, trayectoria en el sector público o credenciales académicas.

Villarraga Oliveros es un abogado de la Universidad Autónoma, oriundo de Purificación (Tolima), con especializaciones cursadas en derecho público, derecho administrativo y contratación estatal, y que ha sido litigante en varias áreas.

Su única experiencia en el sector público, previa al Consejo Superior, es haber sido jefe jurídico de la Gobernación de Casanare por cinco meses en 2008, a inicios de la administración de Raúl Flórez (de La U), quien luego fue destituido por haber firmado un contrato alrededor de la fecha en que Villarraga dejó ese cargo.

De hecho, Villarraga tuvo que afrontar un debate político en la Asamblea de Casanare por otros dos contratos.

Con esa hoja de vida, más algunos contratos con entidades públicas como consultor de las universidades Sergio Arboleda y del Rosario, Villarraga llegó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, convirtiéndose así en el juez de los jueces.

Una de sus funciones como magistrado de esa sala es definir, junto con sus colegas, si los casos de posibles delitos realizados por militares se van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria, cuando las dos jurisdicciones se los pelean.

En ese papel fue el ponente de una polémica decisión a mitad de año: a su juicio la reforma constitucional al fuero penal militar hacía que algunos casos de ejecuciones extrajudiciales regresaran a la justicia penal militar, por lo menos en el caso de los oficiales.

Una posición que contrariaba lo que había garantizado de manera vehemente en el Congreso el mismo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien prometió que ningún caso de ‘falsos positivos’ sería trasladado a la justicia penal militar.

Debido a la importancia de tomar esas decisiones, o de ser la última instancia para sancionar a abogados y jueces, cuando Villarraga fue elegido se resaltó que no tenía trayectoria judicial, lo que motivó críticas. También se dijo que no tenía trayectoria política, lo que redujo la presión en su contra. Pero, en todo caso, era un desconocido. ¿Cómo llegó entonces a ser magistrado?

La elección

En 2008 se abrieron tres cupos en el Consejo Superior de la Judicatura. La decisión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sus mayorías en el Congreso fue mantener el equilibrio de poderes dentro del Consejo, que equivalía a lanzar una terna de Cambio Radical, otra de los conservadores y una más de los partidos minoritarios para que el Congreso eligiera.

Henry Villarraga Oliveros llegó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) en 2008, con poca experiencia.

El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, fue socio de Villarraga.

Uno de los tres magistrados que salían era Rubén Darío Henao, el padre del hoy ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y también de Cambio Radical. Para elegir a su reemplazo, Uribe ternó a Villarraga, a Norma Moreno Mosquera, y a Rafael Guzmán Navarro, y, por ende, el expresidente es uno de los responsables de que hoy sea magistrado.

Ya en ese entonces hubo polémica. Según contó El Tiempo, “en círculos judiciales hay una gran inquietud por el perfil más político que académico y de carrera judicial que tienen varios de los nuevos magistrados”.

Inicialmente, la candidatura de Villarraga no parecía tener mucha fuerza y picó en punta Moreno, magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó. Pero luego esa aspiración se complicó porque se dijo que era cuota de Édgar Eulises Torres, representante a la Cámara de Cambio Radical por el Chocó y quien era el investigador de Álvaro Uribe Vélez en el caso de la Yidispolítica en la Comisión de Acusaciones, lo que prendió las alarmas de que Uribe podría premiar a su investigador impulsando a Moreno.

Ella era la única con una vinculación clara a Cambio Radical. Guzmán Navarro, el otro ternado, es un liberal de vieja data, cercano a Horacio Serpa Uribe, representante a la Cámara entre 1999 y 2000, y fallido candidato en 2002 y en 2006, y venía de participar en el Congreso Liberal de 2007. Precisamente por esa cercanía con el partido que estaba más débil en ese momento nunca se le vio como favorito.

Mientras tanto, Villarraga aparecía como el menos conocido. Sin embargo, tenía conexiones políticas: en 2006 había participado en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el que los partidos tienen representación. Una de las planchas era una coalición entre liberales y Cambio Radical, encabezada por José Joaquín Vives. El sexto en la lista era Villarraga y aunque eso quería decir que era improbable que fuera elegido, sí se quedaba con la esperanza de un eventual reemplazo. De hecho, los cuatro primeros entraron.

Con ese antecedente, y entre el serpismo de Guzmán y las críticas a Moreno, Villarraga se convirtió en favorito. En los días previos a la elección se le señalaba como ficha de Cambio Radical (como lo reitera el investigador de DeJusticia Javier Eduardo Revelo), partido que aún no se había distanciado del gobierno Uribe por cuenta de su segunda reelección. Pero aparentemente su apoyo (y el principal responsable político de su cargo actual) era otro.

La cercanía con

el Registrador

En 2007, cuando Carlos Ariel Sánchez estaba a punto de ser elegido Registrador Nacional del Estado Civil, el Consejo de Estado le quitó su respaldo y casi se cae su elección. Su abogado fue Villarraga, lo que muestra que la suya era una relación de confianza.

De hecho, los dos abogados tolimenses, junto con el hoy registrador delegado para asuntos electorales Alfonso Portela, eran socios en Procesos Electorales S.A., una compañía que asesoraba jurídicamente a candidatos que perdieron elecciones para que pudieran hacer las reclamaciones del caso. En ese momento Villarraga Oliveros era el representante legal de la firma y éste estaba apenas cediendo su participación en ella.

La existencia de esa compañía salió a la luz en las elecciones de 2010, cuando se supo que Luis Yesid Villarraga Flórez, el gerente suplente de ella y familiar de Villarraga, había tramitado procesos en la Registraduría. Aunque Sánchez y Villarraga ya no eran socios de Procesos Electorales, esa situación dio origen a una investigación penal que cerró la Fiscalía en enero de 2013.

Después de que estallara ese escándalo, El Espectador reveló que el gerente de la compañía era Henry Fernando Villarraga Palacios, hijo del magistrado Villarraga (y quien también aparece en el escándalo de las grabaciones), y que los demás socios y representantes de la compañía eran tolimenses como Villarraga y Sánchez. Además, la hija mayor del magistrado, Carolina Villarraga García, fue contratista de la Registraduría en 2009.

Según lo indicaron varias fuentes del Congreso y de las cortes, esa cercana relación entre un funcionario tan poderoso como el Registrador Nacional fue la clave en la elección de Villarraga, y Sánchez sería entonces responsable político del poder de Villarraga. Pero el Registrador ha dicho que, aunque fueron socios, no impulsó la candidatura de Villarraga en el Congreso.

En cualquier caso, justo antes de la votación congresistas del Polo sí dijeron que Villarraga era cuota de Sánchez. El entonces congresista Wilson Borja dijo que había que investigar si habían sido compañeros de bufete y si eran ciertos los rumores de que éste había ofrecido burocracia a cambio de votos, algo que secundó el entonces senador liberal Mauricio Jaramillo.

Finalmente, Villarraga Oliveros ganó con 139 votos frente a 14 de Moreno y 39 de Guzmán. Logró que las mayorías uribistas votaran por él y pasó de ser un abogado poco conocido a magistrado de una alta corte.