El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado confirmó que en diciembre del 2022 se liquidó el convenio que existía entre  el Municipio y la Unidad de Víctimas, que le daba vida a la construcción de un Centro Regional de Atención a las Víctimas (Cravic) y pretendía beneficiar a más de 70 mil personas afectadas por el conflicto armado en todo el Tolima. 

Según explicó el mandatario, con la llegada del nuevo gobierno, desde la Dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se habría dado la orden y pedido que se presentara nuevamente el proyecto.

“No hay muy buenas noticias, en diciembre se liquidó bilateralmente el contrato (convenio) por parte del Gobierno nacional, así dio la orden el nuevo director (de la Unidad de Víctimas) que se liquidara y debíamos de nuevo presentar el proyecto”, sostuvo el mandatario. 

Hurtado indicó que lo que ahora le preocupa es el tiempo y lo que tarde la nueva solicitud de recursos, pero que están expectantes de que se brinde de nuevo el apoyo económico, esta vez con recursos actualizados, teniendo en cuenta que los dineros que se fijaron en el 2018 y el valor de las obras ha variado.

También señaló que desde el Gobierno local están dispuestos los recursos para este espacio.

Frente al porqué del ‘embolate’ de los recursos dijo, “lamentablemente, producto de la improvisación que tuvo el Gobierno anterior, de sacar un proyecto donde era una zona verde, sin tramitarse los permisos necesarios, eso se convirtió en otro ‘elefante blanco’ que denunciamos nosotros públicamente ante la Contraloría General de la República”.

Y añadió, “espero que el Gobierno nacional nos ayude, recuerden ustedes que el señor presidente de la República alinea todas sus inversiones al tema de víctimas, aquí ya están los estudios, diseños, la disposición de la Alcaldía de poner los recursos y esperamos que de nuevo nos asignen la partida presupuestal para construir esta obra”. 

Una ola de inconsistencias 

Cabe recordar que desde el 2018, la Alcaldía y la Unidad de Víctimas suscribieron el convenio marco interadministrativo 1440, como resultado de este se desarrolló el proyecto para la construcción del centro regional, bajo el convenio 1600, que además de la obra, contemplaba la dotación del inmueble. 

El costo total del convenio fue de $2.906.801.604, de los cuales la Unidad de Víctimas se comprometió en ese entonces con $1.791.771.604 y la Alcaldía con $1.115.030.000 millones, de dicho monto $904.400.400 millones eran en efectivo, el resto iba incluido en la entrega del lote avaluado en $210.630.000.

La ejecución del proyecto quedó en manos del entonces alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien a través de una licitación pública de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario firmó con el consorcio Betar Ibagué un contrato por $2.309 millones; no obstante, en el trámite se generaron inconvenientes por la titularidad del predio y licencias de aprovechamiento forestal. 

Además quedó expuesto un retraso por parte del contratista, a quien se le declaró el incumplimiento en la Alcaldía de Andrés Hurtado y se le sancionó con una multa económica por $230 millones.

En el periodo de actividad, la obra no logró pasar de un 24 % de ejecución. 

En el mandato de Hurtado se le apostó a entregar la obra, primero en el 2021 y luego en el 2022, sin embargo, surgieron varios traspiés que impidieron su materialización.

En julio de 2022 se confirmó que, tras un estudio patológico de lo construido, la recomendación era la demolición total de lo que quedó en pie, pues la obra era deficiente, toda vez que la resistencia del concreto era menor a la mínima exigida por la NSR-10 para elementos de resistencia sísmica.

Asimismo, se había confirmado que el uso del suelo del lote dispuesto para la construcción, en un predio ubicado al lado de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, no era compatible con el Plan de Ordenamiento Territorial, pues el predio aparecía como una zona verde, por lo que la Curaduría Urbana Número Dos no renovó la licencia de construcción que en el 2017 sí había validado el polémico Greisman Cifuentes.

Situaciones que retrasaron aún más la ejecución de la obra que se esperaba se construyera en cuatro meses y se hicieran ajustes económicos que rondaban los $500 millones.  

En medio de los problemas, en el 2021 la Unidad de Víctimas le dio prórrogas al convenio, mismos que se acabaron con la llegada del nuevo gobierno. 

Datos

- El concejal Miguel Bermúdez había hecho el llamado ante las entidades del orden nacional para evitar que la obra quedara inconclusa. 

- En el 2021 la Procuraduría hizo un llamado a la Alcaldía para que estableciera un cronograma que garantizara la culminación del Cravic.

- 24% de ejecución fue lo que alcanzó la obra del Cravic en manos del contratista elegido en el 2019. 

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