La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, en cabeza de Camilo Andrés Martínez, se reunió el pasado martes con funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con el objetivo de ‘desenredar’ la ejecución del proyecto del Centro Regional de Atención a las Víctimas, Cravic.

De acuerdo con el jefe de esta cartera, la administración municipal tiene toda la intención y el compromiso de sacar adelante esta iniciativa que encontró un ‘frenazo’, por cuenta del convenio que se venció con la Unidad de Víctimas el pasado diciembre, lo que implica, a su vez, que ya no se cuentan con los recursos necesarios para su ejecución.

A raíz de ello, sería necesario presentar nuevamente el proyecto, lo que implica que los tiempos se podrían dilatar aún más. Por lo anterior, comenta Martínez, se buscó apoyo en el ente de control para que este, por medio de la estrategia ‘Compromiso Colombia’, ayude a destrabar las complicaciones que presenta el proyecto.

“Este fue un encuentro buscado por la administración, para que los tolimenses puedan contar con el Cravic, por medio de la Contraloría, que es la encargada de esta estrategia encaminada a desentrañar y reactivar proyectos que se encuentran paralizados o en obra inconclusa. Allí discutimos varios aspectos y les expusimos la situación y comentarios que nos ha dado la Unidad de Víctimas para continuar, de esa forma, con la obra”, comentó el secretario.

Así las cosas, Martínez socializó que se adquirieron algunos compromisos, para llevar a buen fin este capítulo que viene abierto desde la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. Por parte del Gobierno Local, recae la obligación de enviar la documentación en la que se pueden ver las actas de los comités de seguimiento que se habían realizado con la Unidad de Víctimas.

“Por su parte, la Contraloría nos va a ayudar, convocando a la Directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, para lograr una liquidación de mutuo acuerdo del convenio que se venció, pues cabe recordar que en diciembre la entidad inició un proceso de incumplimiento contra la administración que lleva a un trámite de conciliación prejudicial que se demoraría varios meses. Sin embargo, por medio del ente de control, buscaremos un mutuo acuerdo para tener esa liquidación”, agregó Martínez.

De esta forma, se busca hacer mucho menos engorroso el alcanzar un nuevo convenio que permita apropiar los recursos necesarios, los cuales, de acuerdo con el funcionario, son prácticamente los que ya estaban ($2.906.801.604), más la cotización a precios actualizados, pues muchos de los materiales de construcción han aumentado sus costos en los últimos años. 

Asimismo, Martínez comentó que, con respecto al problema del uso de suelo del lote donde se supone se realizarán las obras, aquello es un contratiempo que ya fue subsanado, asegurando, adicionalmente, que ya se cuenta con una nueva licencia de construcción.

Por último, el funcionario definió que en el próximo convenio que surta efecto con la Unidad de Víctimas, se asumirá el costo de la demolición de lo que se alcanzó a construir, pues, como lo determinó la consultoría del 2022, la estructura no cumplía con los estándares de resistencia requeridos. 

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