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“En el último año han sido detenidas 65.000 personas, y algunos de esos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias, ya que descansan en investigaciones con poca base, o meramente en el aspecto físico o el contexto social de los detenidos”, indicó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.
Sobre los presuntos fallecidos, la portavoz calificó en rueda de prensa de “especialmente preocupante” que “haya información muy limitada sobre las investigaciones en torno a esas muertes”.
Las medidas tomadas por las autoridades salvadoreñas desde el inicio del estado de emergencia (27 de marzo de 2022), que ha sido renovado periódicamente, “causan importantes preocupaciones en materia de derechos humanos”, resumió la portavoz.
“Entendemos los importantes desafíos que causa la violencia de las bandas, y el deber del Estado de garantizar la seguridad, pero también es obligación para éste el hacerlo de acuerdo con la ley internacional en materia de derechos humanos”, afirmó la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
La campaña contra las bandas, emprendida por el presidente Nayib Bukele fue defendida ante la ONU recientemente por la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, quien aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que ha convertido al país en “el más seguro de América Latina”.
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