Esto porque la aprobación de cerca de 800 mil millones de pesos en vigencias futuras de la ciudad fue autorizada por Ortega en el 2008, cuando era Secretario de Hacienda de la capital de la República.

La Procuraduría abrió investigación contra Moreno y ocho concejales, ya que considera que en el plan fueron incluidos gastos para la compra de vehículos en cabeza del Distrito, con recursos que la ley exige sean utilizados solo en sectores centrales para el desarrollo de la ciudad.

En julio de 2008 Ortega dio visto bueno al proyecto de adición del presupuesto para la capital y de requerimiento de vigencias futuras, que se produjo tras un Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, Confis, que además integra el fondo de Cuenta del Concejo de Bogotá.

En este caso se buscaba comprometer recursos de las vigencias de 2009, 2010 y 2011, por más de 6.000 millones de pesos y una adición al presupuesto de la época para Bogotá, por más de 81.000 millones de pesos.

El ministerio público insiste que la Ley ha designado la figura de las vigencias futuras como un mecanismo para la financiación de proyectos de inversión que buscan dar trámite a iniciativas en materia de infraestructura y desarrollo social.