Treinta años de una elección

Por eso hoy, a modo de abrebocas del debate académico y político, a propósito de los 30 años de la nueva Carta, y sobre todo para los jóvenes que no vivieron esa época, quiero mencionar unos pocos de los mitos y realidades de la constituyente. 

La década de los 80 fue marcada por el narcoterrorismo a que sometieron al país los barones de la droga en su lucha contra la extradición. Literalmente, lo ensangrentaron: bombas como la del DAS; la explosión del avión de Avianca; actos terroristas sobre todo en Bogotá y Medellín; asesinato de magistrados, dos ministros de Justicia, el Procurador General, los candidatos presidenciales de Jaime Pardo, Jaramillo, Galán y muchos jueces y periodistas como don Guillermo Cano. 

El asesinato de Galán, en cierto modo, llevó a estudiantes universitarios a plantear la reforma de la Carta del 86, vía séptima papeleta, como una salida a la ola de barbarie. Pronto curtidos políticos se subieron al bus. Y recuérdese que desde 1988 una reforma impulsada por Barco había logrado aprobar un texto con más del 80% de lo aprobado en el 91, como la creación de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional; la doble vuelta para la elección presidencial; la pérdida de investidura para congresistas y la tutela.  Lo que pocos saben es que Barco prefirió hundir la reforma antes que ceder a los narcos, cuando en 1989 le introdujeron un mico para someter a referendo la extradición. ¡Ironía grande!: cuanto no lograron con el narcoterrorismo, lo obtuvieron en la constituyente. 

Con solo leer a Gabo en Noticia de un secuestro se corrobora que Pablo Escobar se “entregó” -en La Catedral, manejada por él- antes de aprobarse el texto definitivo del artículo 35 de la Carta que prohibía la extradición. Tamaña contradicción aún no tiene explicación válida para los colombianos. Es, digamos, el pecado original de la constituyente. Tantas muertes inútiles, incluida la de Galán que desencadenó el proceso constituyente. Claro que la situación era desesperada. Pero no a causa de la Constitución sino, como hoy, por no aplicar algunas de sus disposiciones. 

Se acudió a un extraño mecanismo según el cual se utilizó el Estado de Sitio con el implícito argumento de que la propia Constitución era la causa de la perturbación del orden público. Y es cierto que en el pasado hubo procesos de imposición extra constitucional. Pero fueron el producto de revoluciones como la de 1861 que llevó a la Constitución del 63 o la de 1885 que condujo a la del 86. No era la situación en 1990.

La utilización del Estado de Sitio -la institución más odiada de la Carta de Núñez y Caro que quedaba en pie- para cambiar la Constitución, fue refrendada por dividida decisión de la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo de 1990. Cuando el Presidente de la época tuvo conocimiento de que la Sala Constitucional de la Corte no autorizaba el procedimiento extra-constitucional, habló en la televisión para decirle a la Corte que 26 magistrados, por importantes que fueran, no podían ir contra la voluntad de millones de colombianos. En los archivos de prensa debe estar la declaración del Presidente de la Corte quien para justificar el fallo dijo que el ELN había declarado que si había Constituyente firmarían la Paz. Aún la esperamos.