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Lamentablemente, en treinta años, muy pocos de esos instrumentos han sido debidamente usados para ampliar la participación ciudadana, por las más diversas razones que apuntan al sistema político en general.
Tal vez, la más mencionada es la revocatoria del mandato de los elegidos. En verdad, la inauguró la propia constituyente cuando, con arbitrariedad, que denunciaron en su época, entre otros, los presidentes López Michelsen y Pastrana Borrero, revocó el mandato de los congresistas elegidos en marzo de 1990, por más de ocho millones de votos.
Como dato curioso, vale la pena recordar que esa vez fue “revocado” Enrique Peñalosa, quien estaba estrenando curul en la Cámara por el Partido Liberal, habiéndose hecho elegir a pulso, repartiendo sus volantes en los buses. Después, nunca más volvió al Congreso.
A propósito de unos sonados casos de corrupción en la Cámara en 1998, el Presidente Andrés Pastrana, dado que siempre es fácil atacar al Parlamento, planteó la revocatoria del Congreso de entonces, de mayoría liberal. Horacio Serpa, gran caudillo liberal, le volteó la torta proponiendo la revocatoria del mandato del presidente y a este le tocó abandonar la iniciativa. Han sido más frecuentes las múltiples intentonas de revocar alcaldes popularmente elegidos. Aprovechando un mal momento en las encuestas, como alcalde, los opositores de Peñalosa quisieron revocarlo a pesar de su buena gestión que se reflejaba en su lema “impopular pero eficiente”.
Las leyes 131 y 134 del 94, sobre mecanismos de participación y voto programático, establecen que la revocatoria funciona cuando pasado un año, el elegido no ha cumplido el programa de gobierno con el que obtuvo el favor en las urnas, o por insatisfacción general de la ciudadanía. Todos los alcaldes al inscribirse, suscriben ante notario su “programa”, que por lo general, casi nadie lee ni le hace seguimiento.
Lo de los “programas” tanto de alcaldes, gobernadores y hasta presidentes, no pasa de ser una mera formalidad de cuyo cumplimiento nadie se vuelve a acordar. Bastaría comparar los planes de desarrollo con que se hicieron elegir los últimos presidentes con sus realizaciones desde el gobierno. El hueco es grande. Buen trabajo para politólogos investigadores.
Probablemente, y en vista de que a nadie le interesan los programas, sería más eficaz pedirles a los candidatos, que den a sus electores los nombres de las personas con quienes van a gobernar porque en ocasiones terminan teniendo mucho poder ciudadanos por quien nadie votó. Frente a los alcaldes y gobernadores, las revocatorias han tenido que ver mucho más, con opositores políticos que con ciudadanos preocupados por el incumplimiento del programa inscrito ante notario público.
De alguna manera y como, salvo lo que va a ocurrir a partir de la próxima elección en la capital de la República donde habrá segunda vuelta, los burgomaestres, dada la multiplicidad de candidatos, terminan elegidos por algo más del 30% de los electores, son más los que no votaron por ellos. La revocatoria se convierte así, en una especie de “segunda vuelta”. Una salida sería la de extender el “ballotage” que existe en las presidenciales, para la elección de alcaldes y gobernadores, y no solo para Bogotá como se va a estrenar en el 2023.
Como pasa en las presidenciales alguien podría preguntarse que tan espontáneas son las firmas para una revocatoria, el costo de su recolección, y si no hay detrás intereses políticos.
Es legítimo que los ciudadanos busquen revocar a un alcalde o gobernador que les incumplió. No lo es tanto, aprovechar por ejemplo, la transitoria impopularidad de un mandatario en las encuestas para buscar su salida.
En el caso de Medellín, aún cuando ese no haya sido el motivo de quienes comenzaron impulsando la revocatoria del alcalde -quien tiene muchos contradictores- todo parecería indicar que se podía convertir en una especie de “calentamiento” en la campaña presidencial. No fue esa la intención del Constituyente de 1991.
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