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A pesar de que la Constitución de 1991, en el artículo 7º, dispuso que: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, la verdad es que nada ha cambiado sustancialmente sobre el abandono estatal frente a los indígenas, quienes sufren por la pobreza, la desidia y la violencia.
Ese tópico no está en la agenda pública ni en la de los candidatos. Los grupos armados de todos los pelambres se han ensañado contra ellos. La muerte de los indígenas no ha cesado desde mucho antes del asesinato del sacerdote indígena Álvaro Ulcué hasta los más recientes, incluido el del guardia indígena de apenas 14 años, cobardemente asesinado, según se dice, por disidencias de las Farc.
En Bogotá, la gente pasa indiferente frente a los sitios donde los indígenas –incluidos mujeres y niños– se concentran en señal de protesta por la desatención de su causa, padeciendo de hambre y frío. La mujer muerta trágicamente era una de las que estaba en la Capital. No sabemos cómo fueron las circunstancias en que se produjo el accidente que le quitó la vida a ella y su pequeño infante.
La indiferencia del Estado y de la sociedad en general sigue siendo muy alta. Irónicamente, la Constitución del 91 quiso “empoderarlos” facilitando la creación de partidos indigenistas, pero eso de nada ha servido. Lejos estamos de situaciones como las de Bolivia o Ecuador en donde el “poder indígena” quita y pone presidentes.
Muy pronto los políticos tradicionales se apoderaron de los “partidos indígenas”. Es larga la lista de ‘avalados’ a la Presidencia, Congreso, gobernaciones y alcaldías, que no son indígenas y nada tienen que ver con su causa. Personas emblemáticas –por otras razones– como Antanas Mockus, Sergio Fajardo y Clara López Obregón, más una larga lista de aspirantes a distintas corporaciones públicas, resultaron postuladas o elegidas por los indígenas, sin serlo.
Ahora mismo se dice que después de la ‘jugadita’ de Ingrid Betancourt que dejó viendo un chispero a Amaya, De la Calle y Fajardo, este último ya no será candidato ‘Verde’ sino de la ‘ASI’. Muchos dirigentes indígenas terminaron negociando avales a diestra y siniestra.
El segundo tema es, la forma bárbara como fue asesinado por los indígenas el conductor causante del accidente. En ningún Estado de Derecho, ni a ellos ni a nadie, le está permitido reemplazar a la justicia y ser investigador, juez y verdugo en el propio sitio de los hechos. La principal obligación del Estado es proteger la vida de los asociados.
Por eso debe haber una política de seguridad ciudadana que no se limite a la expedición de leyes penales.
Naturalmente, para lograr ese objetivo, el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza y el control total del territorio a través de la fuerza pública, brazo armado legítimo de la justicia.
Frente al aumento de la criminalidad ha hecho carrera la tolerancia hacia la mal llamada justicia por mano propia, lo que equivale al retorno a la ley de la selva.
Hace poco los medios registraban el caso del conductor que mató a un joven que le iba a robar el espejo de su carro. Es urgente una política de seguridad seria, integral y eficaz para no seguir dando pie a que se generalice esa peligrosa intolerancia. Sin proponérselo, a veces agentes del Estado justifican con el lenguaje hechos de esta naturaleza cuando, por ejemplo, para explicar un homicidio o una masacre dicen que fue un “ajuste de cuentas”.
El Estado debe proteger la vida de todos, incluso la de quienes se han colocado al margen de la ley. ¿Estas serán también las preocupaciones de los candidatos? ¿Más allá de los lugares comunes, podrían soltar una que otra idea concreta para resolverlas?
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