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De todas las acciones que despliegan a diario las entidades financieras para incrementar sus utilidades, tres de ellas, sólo por citar algunas, nos han dejado claro que, al parecer, actúan sin el control de las autoridades, o ¿por qué no? a la inversa, con un control hacia los ciudadanos que de buena fe acuden al sistema financiero para poder costear la adquisición de bienes y servicios. El famoso congelamiento de las obligaciones, la dificultad para acceder a las líneas de crédito respaldados por el Gobierno Nacional, por parte de los micro, pequeños y medianos empresarios y, ahora, el acoso telefónico y digital al que estamos sometidos todos los ciudadanos, seamos o no deudores de una entidad financiera, donde, al parecer, hacen un uso indiscriminado de los datos personales, en una actitud agobiante, son algunas de las conductas que alguna autoridad en Colombia, si es que la Superintendencia Financiera no puede, debería castigar.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española –RAE- trae la definición de congelar, entre otras, como: “[s]uspender temporalmente los aumentos de sueldos, salarios y precios”, sin generar ninguna consecuencia por el congelamiento, en este caso, del crédito y, justamente, de eso nos confiamos muchos, sin advertir, que una vez culminado el congelamiento o periodo de gracia, los créditos iban a aumentar como consecuencia de los intereses generados durante el periodo del “auxilio”, que, valga decir, más que un salvavidas terminó siendo un ladrillazo.
En el mes de abril de este año, el Gobierno Nacional, anunció líneas de crédito, respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, “para apoyar y mitigar los efectos del coronavirus (Covid-19) en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme)”, sin embargo, fuimos testigos de las dificultades, por decir lo menos, que han sufrido los empresarios, también los campesinos, para poder acceder a estos créditos, debiendo resignarse, en muchos casos, a cerrar sus negocios, despedir trabajadores y ver resquebrajado el tejido empresarial y el ensanchamiento de la brecha económica, por cuenta que los créditos no estaban llegando a quienes lo necesitan con más urgencia.
Pero la cereza del pastel la estamos viviendo ahora con el acoso telefónico y digital por parte de algunas entidades financieras, donde llaman y escriben sin cesar a ofrecer productos, a cobrar o, atérrense, ¡a preguntar si podemos pagar la cuota del crédito que está a muchos días de vencerse!, haciendo uso indiscriminado de nuestros datos personales e irrespetando los horarios de descanso de las personas. En Colombia parece ser que no hay quien le ponga freno a estos usurpadores de la tranquilidad, pues, aunque en días pasados la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Scotiabank Colpatria por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales “al no atender la solicitud de un ciudadano de retirar sus datos personales de la base de datos del banco”, lo cierto es que, por ahora, estas sanciones en nada disuaden el comportamiento de estas entidades, que día a día continúan haciendo un uso indiscriminado de nuestros datos personales, sin siquiera sonrojarse cuando se les recuerda que, en pleno aislamiento social obligatorio, se negaron a brindar ayudas reales a un importante sector de la población, al más vulnerable.
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