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Por razones de espacio y puesto que son estadísticas ampliamente divulgadas, solo anoto unas pocas. Así, la Unidad Nacional de Protección -UNP- reporta que entre enero 2019 y enero 2023 le solicitaron protección 49.734 personas y, con corte a mayo 20 de 2024 tenía 8.624 personas cubiertas con diversos esquemas de protección; más del 40% contaba con escoltas, la medida más extendida como protección.
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación reporta que en 2023 emitió 848 alertas por riesgo de feminicidio y, según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, 525 mujeres fueron víctimas de este flagelo en 2023. A su vez, los medios de comunicación reportan que entre enero 01 y mayo 30 de 2024, se han cometido 90 feminicidios. Y datos de INDEPAZ señalan que entre 2016 y 2023 fueron asesinados 1.270 Líderes Sociales, y entre enero y mayo de 2024 fueron asesinados 70 líderes sociales y 10 firmantes de Acuerdos de Paz y excombatientes.
Se afirma además que muchas personas no denuncian y también que otras denuncian y piden protección sin lograr respuesta oportuna de las entidades competentes. Es una realidad atroz y, con razón, sus familias reclamarán que el Estado es responsable porque a tiempo comunicaron el riesgo y pidieron protección sin conseguir respuesta y cuanto sigue es la impunidad por esos crímenes. Y es cierto, el Estado ha fallado y seguirá fallando porque aún cuando quisiera atender las solicitudes que recibe, la estrategia de asignar escoltas a algunos amenazados y la parafernalia complementaria, resulta absolutamente imposible atender semejante demanda. No alcanzarían los agentes de policía y de otras fuerzas, o acaso tendrían que abandonar otros frentes que también requieren atención, y para los cuales tampoco son suficientes porque, de hecho, en casi cualquier rincón del país, el mayor clamor es que les envíen más y más policías y fuerza pública para protegerlos. Además, el costo de semejante operación demandaría un presupuesto que desborda de lejos sus posibilidades. Es comprensible entonces la complejidad que enfrenta la UNP, que se agrava con los problemas de ineficiencia y corrupción que la afectan y han sido denunciados en numerosas ocasiones.
Estamos frente a una grave problemática cuya solución exige estructurar fórmulas que partan de entender que detrás de tan doloroso cuadro está la violencia endémica que sufrimos por la ambición e intolerancia desbordada de algunos y porque no hemos asimilado que la vida es sagrada, ni hemos desarrollado la capacidad para tramitar los conflictos sin acudir a la violencia. Tampoco los hombres, imbuidos de un machismo extremo, han asimilado que la mujer ni los hijos son propiedad de nadie, son personas con quienes tienen una relación que les obliga respeto y solidaridad y que cuando esa relación se agota, procede terminar en forma amigable y partir en busca de nuevos rumbos, deseando lo mejor para todos, sin hacer daño a quienes antes consideró sus “seres queridos”.
En suma, mientras se mantengan esos atroces comportamientos, muy poco se logra asignando escoltas o chalecos antibalas a algunos amenazados, distinto de aplicar ingentes recursos que siempre serán insuficientes. Es claro entonces, que mucho más se tiene que hacer porque se trata de una problemática estructural que requiere múltiples estrategias y acciones complejas y de fondo que, involucran a toda la sociedad de diversa manera, pero lamentablemente, con esa perspectiva muy poco se visualiza que nos genere esperanza.
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