La ley colombiana es un auténtico laberinto de Creta, una apoteósica construcción jurídica de altísima complejidad en la cual es fácil perderse. Peor aún es si le agregamos la constante mutación a la que se encuentra sometido, pues cada nuevo proyecto aprobado por el congreso, leído o no en su totalidad, y cada taciturno decreto presidencial se funde como un pasadizo adicional que le agrega una dosis de dificultad al ya de por sí bastante intricado paso. Pero nuestros legisladores no son grandes arquitectos como Dédalo y por ello la obra que levantaron tiene demasiadas falencias, ahí es donde entran los Minotauros, utilizando su sapiencia en favor del atajo y la celada.

Este es el resumen de la denuncia hecha por Jorge Robledo que hoy tiene contra las cuerdas, y con toda razón, a la prestigiosa firma Brigard&Urrutia. Una gravísima acusación que se haya respaldada por 200 páginas que el senador dice tener listas para desenfundar en el momento en que las autoridades así lo soliciten.

De ser cierto todo lo afirmado esta semana en los diferentes comunicados, estaríamos ante el más polémico caso de abuso de la personalidad jurídica del que tengamos memoria reciente, especialmente porque la exquisita estrategia habría sido diseñada por un bufete de quilates en el mundo de los abogados.

Brigard&Urrutia tiene mucho qué explicar, empezando por la “operación avispa” que presuntamente utilizó, con el patrocinio de Ingenio Río Paila, para hacerse con los baldíos del Vichada que por prohibición expresa de la ley no podía adquirir. Una modalidad mejorada, pero comparable con la empleada por la familia Lacouture para hallarle el esguince a la ley de Agro Ingreso Seguro. Fragmentar una compra grande en 27 SAS de papel con un único accionista es tan perverso como cercenar un predio entre varios miembros de la misma familia para conseguir más subsidios del gobierno.

La reputación de Carlos Urrutia está en juego y así también la imagen de Colombia en el exterior, pues como embajador en los Estados Unidos mal haría en verse involucrado en esta clase de escándalos. Pero si su única defensa va a ser desentenderse del asunto alegando que ya no tiene acciones en la firma, está perdido, pues la maniobra se habría ejecutado en los años en que estuvo como socio. Por no hablar de Francisco Uribe, accionista activo quién aparecería como titular de las 27 empresas de mentiras que, según Robledo, ya le dieron la vuelta al globo hasta llegar a Luxemburgo para esconder la compra.

La última palabra la tiene la justicia, será ella la que determine si este episodio nos da la bienvenida a la nueva delincuencia del siglo XXI: La criminalidad corporativa, donde los Minotauros le están haciendo fraude al laberinto.

Obiter Dictum: Petro inicia la defensa de su gestión de cara a la revocatoria con una burda polarización, tachando a sus opositores como amigos de la corrupción, las mafias y el cartel de la contratación. Yo no pertenezco a ninguno de esos clubes, pero votaré para que se vaya sólo porque me parece mal alcalde y punto.