Ser el Estado no es fácil y, aunque parezca todo lo contrario, ni siquiera divertido. Concentrar el poder en pleno de una nación acarrea consigo una avalancha de responsabilidades y expectativas que deben respetarse como ordenan los designios imperativos de la ley, pues ésta es la única forma de contar con la legitimidad suficiente que la ciudadanía exige. 

Esto se ve mejor explicado en la lucha diaria contra la criminalidad, pues allí el Gobierno debe velar por la seguridad y tranquilidad de todos nosotros sin recaer en los vicios propios de la delincuencia. 

Operan las autoridades con desventaja, ya que su actuar se limita a las herramientas legales, desventaja que vale la pena para alcanzar una victoria que no sería la misma si en su lugar jugaran con la misma baraja de los criminales.

Por eso nos indigna de sobremanera cuando vemos que un aparato estatal se comporta más como una pandilla de maleantes que como un organismo elegido democráticamente para servir al bien común. Ejemplos en cualquier latitud, incluida la nuestra, por supuesto, sobraría citar para demostrar que si un Presidente traspasa la delgada línea de la confianza nada vuelve a ser igual, y esa es la verdadera cuestión que hay qué resolver en el debate que se ha tomado al mundo esta semana: ¿Puede un Gobierno interceptar la información privada de sus ciudadanos con el objetivo de desarticular al crimen organizado?

Seguridad y privacidad, la relación es tan clara como un perro que se persigue la cola. La cabeza da vueltas en círculos tratando de alcanzarla, para cuando la logre morder descubra que son dos extremos del mismo cuerpo. 

No se puede pretender que el Estado nos proteja de las amenazas modernas sin que éste se filtre por entre las grietas de nuestros secretos, eso sería casi como pedirle clarividencia a la policía. Pero también es cierto que no todo es válido ni cuando se alzan los estandartes de la seguridad en su nombre.

El valiente Snowden nos ha dicho lo que todos ya sabíamos, que Estados Unidos espía a su gente, un secreto a voces que tiene su miniréplica criolla en nuestro territorio con la entrada a la cancha de la plataforma de vigilancia Puma que estrenarán nuestras autoridades próximamente. 
Un paralelo exagerado, quizás, puesto que mal haría en compararse aquellos abusos con una orden judicial, pero que se justifica tener muy presente, dado que la facilidad con que ésta podría convertirse en una arma es tenebrosamente sencilla.

A pesar de que yo no tengo nada que ocultar en mis mails, sólo me queda esperar que aquel ojo que a partir de ahora todo lo ve tenga la suficiente claridad del caso para actuar, pues lo último que necesita nuestra golpeada intimidad en estos momentos es un puma suelto por ahí.

Obiter dictum: Y para todos aquellos que disfrutan de la caricatura política que satiriza, y bien merecido, a la fauna de personajes que conforma nuestra clase gobernante, les recomiendo “¿Y cómo voy yo ahí?” del prometedor caricaturista Cristián Sánchez que sale al mercado bajo el sello editorial Aguilar.