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El país se estremeció con el último comunicado que el Presidente compartió a través de su cuenta de Twitter, y en el que refirió que confiaba en que su hijo y su hermano (otro de los involucrados) demostraran su inocencia, pero que (sí, así lo dijo, con un condicional) respetaría las decisiones de la justicia. Algo le preocupa al gobernante cuando admite la posibilidad de que sus familiares puedan verse afectados con la investigación. Con acierto el periodista Félix de Bedout calificó el comunicado como “una explosión controlada”.
Y en efecto así fue, porque horas después se conoció la entrevista que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, dio a los medios de comunicación, en donde expuso detalladamente que sus bienes y recursos tienen orígenes supuestamente en el narcotráfico y la corrupción.
Lo que Nicolás haga con su vida privada no tiene por qué importarle a los colombianos. En cambio, que un político joven, cuya fuente de recursos es únicamente su salario como servidor público, tenga bienes avaluados en más de 2.500 millones de pesos y lleve a cabo millonarias operaciones bancarias, sí debe generar preocupación. Es innegable que la cuestión es cuando menos sospechosa, y las autoridades deben verificar con cuidado lo que sucede allí.
Inocente o responsable, eso sólo le corresponde decidirlo a las autoridades, que ojalá actúen rápidamente; si lo denunciado es verdad, el Presidente deberá asumir completamente la responsabilidad política. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, similar escándalo sucedió con Nicolás, que fue acusado de negociar contratos del Distrito. En aquel entonces también se pidió al entonces fiscal general que investigara lo ocurrido. Curiosa coincidencia.
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