Abrir o cerrar puertas para la paz significa escoger entre extender o limitar las formas para alcanzarla. En principio, mantener una amplia gama de posibilidades parece ser la solución ideal, pues da libertad de elegir la herramienta más adecuada según el contexto particular. No obstante, cierta flexibilidad contribuye a que se presenten inconsistencias temporales en el empleo de los métodos y hace difusa la consecución del objetivo.

El dilema está entre maniobrabilidad y plena coherencia. Sortearlo, requiere del diseño de procedimientos que impidan que los cambios se den de manera irreflexiva y paralelamente, que se anule cualquier posibilidad de ajuste e incluso de renuncia a la estrategia adoptada.

Cualquier mecanismo es insuficiente si no hay precisión en el objetivo a alcanzar. La ambigüedad del fin permite la elección más o menos arbitraria e incoherente de los caminos de solución. La paz en Colombia enfrenta esta característica, pues oscila entre la neutralización de los grupos armados ilegales y la modificación de algunos aspectos conflictivos de la sociedad, que son interpretados como causas (presuntas) de la violencia o, por lo menos, su caldo de cultivo.

No es este el espacio para producir definiciones en materia de paz, pero sí para reiterar que esta no puede darse sino en escenarios donde se materialice adecuadamente la verdad, la justicia y la reparación.

La justicia requiere de reglas claras, estables y seguras para todas las partes que consoliden los resultados logrados en cada etapa. Así mismo, es indispensable contar con instituciones, capaces de garantizar que el proceso de justicia transicional se lleve hasta el final y en su desarrollo ofrezca todas las garantías necesarias.

La reforma a la Constitución que se debate en el Congreso, sobre el marco jurídico para la paz, debe seguir este camino so pena de condenar la justicia transicional al fracaso.

La justicia transicional debe ser un camino para alcanzar la paz y una respuesta para colombianos como los familiares de los policías y militares asesinados por las FARC, donde se acepta renunciar a parte de la justicia para garantizar toda la verdad posible.