Sin duda, todos interpretamos los acontecimientos desde nuestra experiencia e información previa. Una población que ha conocido casos de políticos que prometen pero no cumplen, de candidatos dispuestos a comprar el voto, tenderá a sentir desconfianza.

A esto se suma el que la opinión pública es alimentada todo el tiempo con noticias negativas frente a la gestión congresional.

En parte, éstas se derivan del muy necesario control crítico que le corresponde a los medios de comunicación y de una tendencia psicológica a enfatizar nuestra atención en aquellas cosas que aparecen como amenazas.

En contraste, la ciudadanía en general valora las leyes que expide el Congreso. Encuentra positivas las leyes penales que permiten combatir la delincuencia y reclama sistemáticamente nuevas normas y penas más altas; apoya las disposiciones que protegen a los niños y adolescentes; observa con esperanza la ley de primer empleo o el estatuto del consumidor; y entiende la justicia de la ley de reparación a las víctimas.

Se desprecia al autor pero se valora la obra. Es una actitud que resulta un tanto esquizofrénica. Agravada por el desconocimiento e indiferencia ciudadana sobre lo que hace el Congreso, el por qué es necesario que las leyes se discutan y la utilidad de las mismas.

La imagen del Congreso puede mejorar si adoptamos una cultura de transparencia y rendición de cuentas pública.  

Se requieren indicadores de gestión y promover una mejor cultura política en la cual los ciudadanos no sean sujetos pasivos. El año entrante debe ser un año en el que el Senado y la Cámara se abran al ciudadano permitiéndole que se apropie de los recintos y de lo que sucede en ellos.

Por nuestra parte, hicimos un ejercicio de rendición de cuentas a través de Canal Congreso en el que expusimos cómo se ha aportado en la transformación de nuestra realidad.

Denunciamos la infiltración de las Bacrim en las elecciones y se pusieron en evidencia las enormes dificultades institucionales del sistema carcelario.

Se expidieron las leyes anticorrupción, de seguridad ciudadana y el marco jurídico para los servicios de inteligencia. Buscamos que estas leyes fueran razonables, eficaces, coherentes con los principios liberales y sobre todo alineadas con el bien común.

Es nuestro deber dar cuenta de la labor en el Congreso y justificar con el trabajo realizado, la confianza que depositaron quienes nos permitieron representarlos en el Senado.