El marco jurídico para la paz puede ser visto a través de dos lentes diferentes: el primero, lo interpreta como una manera poco eficiente de criminalizar la conducta de actores armados a través de las instituciones de justicia ordinaria. El segundo, como un reconocimiento de que nos enfrentamos a problemas extraordinarios que demandan soluciones extraordinarias. Es decir, una solución política que transciende los mecanismos tradicionales de respuesta al delito y que permite transitar hacia un modelo de convivencia.

En el marco de esta dicotomía, la Cámara de Representantes debatió el pasado martes el llamado Marco Jurídico para la Paz, que, en estricto sentido, es un acto legislativo que busca establecer instrumentos jurídicos de justicia transicional en Colombia.

La justicia transicional requiere de nuevas formas de abordar el conflicto que, además de buscar la justicia, garanticen el reconocimiento de las víctimas y la seguridad de que los hechos violentos no volverán a ocurrir. En este sentido, el marco jurídico para la paz sostiene el deber de investigar y establecer responsabilidades en el Estado y, al mismo tiempo, propone abordar la justicia no sólo respondiendo a los delitos a través de la privación de la libertad, sino, también, a través del refuerzo de la capacidad participativa de la sociedad civil y el esclarecimiento de la verdad como garantía de reparación. El principio básico es lograr desmantelar las estructuras sociales y económicas de grupos fuera y dentro del Estado, que promovieron violaciones sucesivas a los Derechos Humanos en Colombia. La justicia, en estos nuevos marcos de transición, más que un castigo, busca garantizar seguridad, institucionalidad y plena participación ciudadana.

Volviendo al acto legislativo, para la aplicación de este marco para la paz son indispensables dos condiciones: la participación efectiva de la ciudadanía en los escenarios creados por la Ley y la decidida voluntad de individuos o grupos al margen de la ley, de desmovilizarse y procurar gestos que indiquen su decisión de manejar las disputas a través de mecanismos pacíficos de controversia. Los demás, es decir, aquellos que prefieran utilizar la violencia para enviar un mensaje o provocar confrontación, quedarán excluidos de la opción generosa de transitar hacia el camino de la paz y frente a ellos, deberá actuarse con firmeza y sin vacilación.

Quiero dejar un mensaje muy sentido de solidaridad con el Dr. Fernando Londoño, el Intendente de la policía Rosember Burbano, José Ricardo Rodríguez y todas las víctimas del atentado ocurrido el pasado 15 de mayo. Sus autores merecen toda nuestra condena y la confirmación de que no trabajamos por ellos, sino por todos los que han entendido que la única opción que tiene Colombia es una salida pacífica a este largo conflicto.

*Senador