La prevención y el tratamiento son los enfoques de la política de drogas en el siglo 21. Estados Unidos acaba de presentar su Estrategia Antidrogas para 2013, abordando el problema como un asunto de salud pública y dejando atrás enfoques orientados a la prohibición, persecución, la guerra y la criminalización de consumidores.

Esta nueva estrategia, se fundamenta en evidencias científicas sobre el consumo de sustancias, superando las ideologías anticomunistas que dieron lugar a la llamada guerra contra las drogas y afirma que la adicción es una enfermedad que se puede tratar, prevenir y de la que los adictos pueden recuperarse, a través de políticas que promuevan el tratamiento y la prevención.

En ese sentido, la estrategia de la administración Obama se concentra en ampliar los programas comunitarios para adictos, prevenir el consumo en adolescentes, hacer efectivo el acceso de las mujeres con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, a la atención prenatal y ofrecer oportunidades de tratamiento y recuperación para adictos. Incluso, avanza en presentar tratamientos médicos como alternativas a condenas de prisión, cuando se trate de infractores no violentos que quieran recibir tratamiento.

Esta estrategia, lanzada hace unos días en Washington, lleva más de seis meses vigente en Colombia. La Ley 1566 de 2012, no solo reconoce que el consumo, abuso y adicción a las drogas es un asunto de salud pública sino que va más allá y establece una relación con el bienestar de la familia y la comunidad. Así, esta ley obliga al Gobierno Nacional a garantizar atención especializada para quienes sufran trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas a través del Sistema de Seguridad Social e instituciones especializadas. 

Ahora, urge que el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien promueve una reforma a la salud en el Congreso y tiene el liderazgo político en el sector, avance en la incorporación efectiva de estos beneficios dentro del nuevo plan integrado de beneficios en salud (Mi-Plan). De esta forma se garantizarían intervenciones, procedimientos, medicamentos y todo lo que sea necesario, para ofrecer oportunidades de rehabilitación y recuperación a los adictos del país.