Por esta razón entre otras, creo que el debate en el Congreso de la República sobre la actual reforma a la salud, debe darse con oídos abiertos a todos los sectores afectados y con la meta de reducir las inequidades sociales que padecen los colombianos en el servicio médico y en materia de salud.

Las injusticias son brutales: mientras que somos testigos de historias de muerte de recién nacidos que fallecen por no prestarles la atención médica necesaria, otros pacientes logran como parte de su plan de beneficios tratamientos cosméticos, o tratamientos experimentales costosísimos en el exterior, a punta de tutelas dirigidas a que el sistema público de salud financie tratamientos que ellos perfectamente podrían sufragar. El servicio de salud no es equitativo en Colombia, su calidad no es la misma para todos los usuarios y lo que es peor, no toda la geografía de este país puede acceder a ellos.

Vivimos en un país rezagado. Algunos han diagnosticado que la escasa infraestructura hospitalaria ha sido la principal causa de muerte en los hospitales del país. Tomemos la situación de las camas hospitalarias a través de los comparativos de la Organización Mundial de la Salud. El país que  encabeza la lista es Japón con 13.75 camas por cada 1.000 habitantes y el último en el ranking es Camboya con 0.1 camas. Haití cuenta con 1.3 camas hospitalarias y por debajo de ese promedio con 1 cama por cada 1.000 habitantes se encuentra Colombia.

Como Partido Liberal, aspiramos a un sistema de salud que defina con equidad sus servicios; precisando lo que no está dentro de ellos y privilegiando a los más vulnerables a través de cobertura y calidad. Recordemos que la acción de tutela es patrimonio de la Constituyente del 91, en la medida en que busca la reivindicación de derechos fundamentales de los más pobres y no, el logro de privilegios desmedidos e irrazonables.