Un bloque de incorruptibles

Guillermo Pérez Flórez

La corrupción política es una enfermedad sistémica y estructural. Es muy difícil (por no decir imposible) encontrar un ámbito del Estado que no presente casos de este problema que viene creciendo desde hace décadas, al menos las últimas cuatro o cinco, para no terminar diciendo que llevamos dos siglos, o que, como dijo uno de los ‘filósofos’ del clan Nule, la “corrupción en Colombia es inherente al ser humano”. No. La corrupción se puede derrotar, si existe voluntad política.
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Un componente determinante es reformar el sistema político y electoral. Se ha dicho hasta la saciedad. Mientras las campañas valgan lo que valen, el sistema no solo será corrupto sino corruptor, porque induce a los líderes a volverse corruptos. Los casos más evidentes, pero no los únicos, son las alcaldías, los candidatos hipotecan la contratación municipal con sus financiadores, y luego se la entregan casi que de manera monopólica. Hay municipios en los cuales existen únicamente dos o tres contratistas, que tienen el privilegio de ‘ordeñar’ a la alcaldía. No solo con la obra pública sino con la proveeduría de bienes y servicios. Se sabe, por anticipado, para quienes van a ser los contratos.  

Otra fuente de corrupción es la intermediación que hacen los congresistas entre el Estado central y las gobernaciones y alcaldías. Los senadores y representantes a la cámara gestionan obras con la Nación, y a cambio los gobernadores y alcaldes les permiten ‘direccionar’ a quiénes se les adjudican los contratos. El ejemplo típico más reciente es el del senador liberal Mario Castaño, cabecilla de una asociación para delinquir en Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá. 

Tanta confianza se tenían sus compinches que la Fiscalía llegó a registrar 3.535 llamadas telefónicas en las que se hablaba de esos negociados. Es el caso de ‘las Marionetas’, el cual perdió interés mediático, y al parecer también judicial, en razón a que Castaño murió. Ahora que está de moda la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd),  merece recordarse que se vio envuelta en este entramado corrupto. El presidente Petro prometió que pondría fin a esto. Lo curioso es ver que a muchos cargos públicos llegan sujetos que solo han sabido medrar en torno al erario. Por donde se presione al cuerpo estatal sale pus.

Es urgente una cruzada anticorrupción. Se requiere un ‘tsunami’ moralizante que nos devuelva la fe en la justicia. Causa risa, y al mismo tiempo desazón, ver al exfiscal nacional anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, al tristemente célebre abogado Gustavo Moreno, siendo defensor de uno de los responsables de corrupción en la Ungrd. Fue capturado gracias a los Estados Unidos y extraditado allí. Pero ya volvió, y su tarjeta profesional está impecable. Ojalá que la señora Fiscal no se deje engañar ni permita que utilicen los beneficios judiciales para burlarse de la opinión pública. Prometen ‘reparar’ con parte de lo que se robaron. El principio de oportunidad no es patente de corso para chantajear a la justicia. ¿Habrá que darles casa, carro y beca para que confiesen? Una temporada en la Picota no les vendría mal.

El Gobierno debe liderar esta campaña, pues los organismos de control (Contraloría y Procuraduría) no dan la talla y están secuestrados por el ‘establishment’ político. Presidente Petro: ponga al frente de esta a un grupo de incorruptibles, ajeno al debate político e ideológico. Le quedan dos años para sanear la república. Qué mejor cambio sería.  

GUILLERMO PÉREZ FLÓREZ

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