Lo significativo de la marcha adelantada el 9 de abril en las distintas ciudades del país radica en la coincidencia entre muchas tendencias políticas, entre muchos sectores y entre muchos ciudadanos en puntos centrales: Colombia está cansada de la violencia; no quiere seguir buscando la paz por el camino de la guerra; quiere el diálogo; quiere una salida pacífica del conflicto armado.

Aplicando la lógica –que debería privar en toda actividad y especialmente en el ejercicio de las funciones públicas-, se pensaría que los temas de mayor trascendencia deberían ser objeto de detenido examen por parte de gobiernos y congresos, y que cuando se trata de expedir la legislación atinente a unos de esos temas.

La propuesta que han formulado algunos sobre otorgamiento de amnistía o indulto a los miembros de las FARC, hayan sido cualesquiera sus delitos, tropieza necesariamente con la Constitución colombiana, con Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos celebrados por Colombia y con el Derecho Internacional Humanitario -que la obliga-.

El Gobierno de Bogotá y el Concejo Distrital, al igual que otros mandatarios y corporaciones locales, tienen que revisar la grave situación que se presenta en la actualidad en varios municipios y distritos con los cobros por valorización.

“ART. 90.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Continúa el enfrentamiento entre el ex presidente Álvaro Uribe y el actual Jefe del Estado Juan Manuel Santos, no solamente por el tema fundamental de los diálogos con la guerrilla sobre la paz, sino por otros motivos como la mutua recriminación por el reparto de responsabilidades en relación con lo ocurrido en la Corte Internacional de la Haya respecto a la delimitación marítima con Nicaragua.

El Gobierno ha sacado adelante en el Congreso la reforma tributaria de 2012 que, si se promulga antes del 31 de diciembre en el Diario Oficial, comenzará a surtir sus efectos desde el 1 de enero próximo.

El escándalo de Interbolsa, como el de las ”pirámides” en su momento, sirven mucho para ilustrar la distancia que existe entre las previsiones normativas y la realidad, en particular en lo que concierne al ejercicio de las funciones estatales.

Velar por el respeto a los derechos humanos no es una concesión o gracia de los Estados sino su principal obligación. La organización política que no establece las indispensables garantías en esta materia es una organización fallida.

Varios aspectos resultan altamente preocupantes, en lo que concierne a los derechos y a la actividad estatal, a raíz de al menos dos acontecimientos recientes, ambos relacionados con la justicia procurada por mano propia.