No fue favorable al presidente Santos el episodio de la pretendida adhesión de Colombia a la Alianza del Pacífico Norte, por no conocer el mapamundi, ni los orígenes de la Otan, y por el hecho de confundir un simple acuerdo de ayuda informativa con una solicitud de incorporación como socio o miembro de la organización.

Una vez más insistimos en que, en el Estado moderno –superada la época de los matrimonios por conveniencia y para beneficio exclusivo de la realeza-, el manejo de las relaciones internacionales ha de estar orientado por el propósito básico de realizar, hasta donde se pueda –como dijeron los filósofos políticos-, la felicidad de los pueblos.

Ante los últimos casos de amenazas e inclusive planes criminales –afortunadamente frustrados- contra periodistas colombianos, no podemos menos de manifestar nuestra gran preocupación.

La crisis política se ha venido agravando en Venezuela a medida que pasan los días, y aunque, al parecer, algunos se inclinan al diálogo, no se ha podido llegar a un acuerdo entre la oposición encabezada por Capriles y el Consejo Nacional Electoral sobre la metodología y los elementos de la auditoría que se lleva a cabo respecto a las elecciones.

Lo que, durante los últimos años, ha venido ocurriendo en varios casos relativos a la postulación y elección de funcionarios de alto nivel, especialmente en la Rama Judicial y en órganos de control, demuestra hasta la saciedad cómo es de equivocada la práctica que se viene aplicando por las corporaciones postulantes.

Es importante la convocatoria nacional que hace desde Bogotá la Universidad del Sinú, una institución originada en Montería hace cuarenta años gracias al buen criterio de un colombiano ejemplar y educador por antonomasia –Elías Bechara-, por cuyo conducto se han forjado en diversas disciplinas varias generaciones de profesionales.

Lo significativo de la marcha adelantada el 9 de abril en las distintas ciudades del país radica en la coincidencia entre muchas tendencias políticas, entre muchos sectores y entre muchos ciudadanos en puntos centrales: Colombia está cansada de la violencia; no quiere seguir buscando la paz por el camino de la guerra; quiere el diálogo; quiere una salida pacífica del conflicto armado.

Aplicando la lógica –que debería privar en toda actividad y especialmente en el ejercicio de las funciones públicas-, se pensaría que los temas de mayor trascendencia deberían ser objeto de detenido examen por parte de gobiernos y congresos, y que cuando se trata de expedir la legislación atinente a unos de esos temas.

La propuesta que han formulado algunos sobre otorgamiento de amnistía o indulto a los miembros de las FARC, hayan sido cualesquiera sus delitos, tropieza necesariamente con la Constitución colombiana, con Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos celebrados por Colombia y con el Derecho Internacional Humanitario -que la obliga-.

El Gobierno de Bogotá y el Concejo Distrital, al igual que otros mandatarios y corporaciones locales, tienen que revisar la grave situación que se presenta en la actualidad en varios municipios y distritos con los cobros por valorización.