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En primer lugar, han tratado de meter cizaña en la relación entre el presidente y la fuerza pública. Desde la campaña presidencial el entonces candidato Petro, anticipó propuestas generadoras de razonables desacuerdos políticos pero que la mayoría de los votantes apoyó. Propuso unas fuerzas militares apostando por la paz, privilegiando los resultados en salvamento de vidas y no en número de bajas en combate donde aparecieran refundidos civiles y menos menores reclutados a la fuerza por los grupos irregulares. Habló de la implementación de una política de seguridad humana que tuviera al frente un mando sin contaminación con hechos y actos de violación a los derechos humanos y eso es lo que ha tratado de cumplir.
Quién dijo miedo con estas decisiones presidenciales. Para los sectores instigadores de la guerra y la confrontación armada, lo que se está implementando es en una campaña de cacería de brujas para desmoralizar las fuerzas armadas y desguarnecer la seguridad nacional. Lamentan la salida de tantos generales en el ejército y la policía y la llegada al mando de otros rangos inferiores que según ellos no tienen la competencia ni la experticia para asumir la responsabilidad de la defensa de la nación. Algunos periodistas casi se frotan las manos ante la supuesta inconformidad de los mandos salientes, hasta se atreven a hablar de un ruido de sables y un probable golpe militar. Por el contrario, lo manifestado por la institución castrense es el acatamiento a las decisiones presidenciales y especialmente su disposición a trabajar bajo sus lineamientos, por lo que las aves de mal agüero se quedarán esperando los desastres que predicen.
La permanencia y el acontecimiento de nuevas masacres desde la llegada del nuevo gobierno, han sido rechazadas, condenadas y acompañadas de llamadas perentorias para su erradicación definitiva por parte de sectores políticos que gobernaron y permitieron la existencia de las mismas como si fueran parte del paisaje sin mayor condena. Exigen lo no logrado por ellos en los cuatro años de gobierno donde las amenazas y asesinatos especialmente de líderes sociales se dispararon. Un reclamo válido porque no pueden seguir presentándose en ningún lugar de la geografía nacional, pero parece oportunista exigir un control a un gobierno que apenas llega. Hay que esperar el despegue de la propuesta de la paz total y la generación de resultados en términos de convivencia y respeto a la vida de los actores generadores de violencia.
En el arranque de este gobierno se ve la decisión de apostarle a la paz y la realización de grandes reformas sociales largamente esperadas. Importante la presencia del presidente en las regiones consideradas unos polvorines sociales por los niveles de conflictividad. Poner la cara a las comunidades, dialogar y concertar con ellas, pero especialmente cumplir los compromisos adquiridos. Mostrar que el estado llegará integralmente y no solo con la fuerza pública. Articular acciones con las entidades territoriales, pero sobre todo darle protagonismo en el desarrollo y la paz a las organizaciones sociales de cada espacio donde se ha ensañado la confrontación.
El gobierno nacional está en fase de despegue, los retos son inmensos y las expectativas de los excluidos de las oportunidades también. Nadie dice que será fácil, pero si rodeamos y apoyamos el cambio prometido, seguramente vamos a lograr que el país vaya dejando en el pasado la polarización, la confrontación y la violencia, algo con lo que soñamos todos porque es el momento de reivindicar la vida digna y querida para todos.
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