Según el artículo 20 de nuestra Constitución Política, los colombianos tenemos garantizada la libertad de expresar y difundir nuestro pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.

Se trata, por supuesto, de un conjunto de libertades con respecto a las cuales no tendríamos sino elogios, sobre todo si fueran conducentes a la formación de una opinión pública cada vez mejor informada y, lo que es muy parecido, menos dúctil a los intereses de los verdaderos dueños del país, que son los únicos que pueden fundar medios capaces de convertir en verdades aplastantemente aceptadas lo que solo es el reflejo periodístico de sus reales intereses de clase.    

Cuando fue proclamado el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, las Naciones Unidas no solo reconocieron en ella “un componente esencial de toda sociedad democrática”, sino también “un derecho humano fundamental”.

El que las grandes mayorías estemos al margen de toda posibilidad de ejercerlo como derecho es apenas una de las consecuencias de no contar con un Estado capaz de deslindar campos con el gran capital y de garantizarle al conjunto social el acceso a la información veraz y oportuna, esto es, sin sesgos que desnaturalicen su contenido.

Por eso no dudamos en señalar que habría sido mucho mayor la contribución de los constituyentes del 91 al bienestar de los colombianos si, en lugar de otorgarnos tales libertades, que ya teníamos y que a pesar de ello les agradecemos, hubieran señalado con toda la fuerza derivada de un mandato constitucional el carácter de derecho inalienable de tales manifestaciones de libertad y se hubieran establecido mecanismos suficientes para garantizar que su ejercicio efectivo no se convierta en letra muerta, como ha venido ocurriendo para las inmensas mayorías con toda la carta de derechos establecida en la misma Constitución.

Y si a lo anterior agregáramos la mordaza, la persecución y las amenazas de muerte que penden sobre nuestros periodistas independientes, además de los numerosos casos en que tan anómalas circunstancias ya se han hecho efectivas, tendríamos que concluir que en este campo está todo por hacer si no fuera por el esfuerzo de cientos de compatriotas que se dan a la tarea de aportar lo mejor de sí a través de los denominados medios alternativos.

Ellos, sobreponiéndose a las angustias de tan criminal acoso, son los verdaderos garantes de que tengamos algunos atisbos de información veraz, imparcial y oportuna, mientras el Gobierno, al tiempo que protege la libertad de prensa oligárquica, se dedica a perseguirlos. A ellos dedicamos estas modestas palabras.