Hay sectores sociales que quieren condenarnos a una eterna desesperanza. El conflicto armado desea encontrar su fin a través de la concertación entre el Estado y quienes se alzaron contra él, pero los que se lucran con él no quieren que se acabe, y asumen, para impedirlo, los métodos más infames que se han conocido en los peores momentos de la humanidad.

No fue si no que los interlocutores de La Habana iniciaran la discusión del punto de la agenda relativo a las víctimas y asumieran el compromiso de escuchar a las personas que tuvieran esta condición para que los enemigos de la paz se dedicaran a sembrar el terror entre ellas, con el fin de impedirles cualquier acercamiento a La Habana o la difusión de sus apreciaciones.

De igual manera, la Corporación Reiniciar, que aglutina y acompaña de manera especial a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, fue declarada objetivo militar por personajes de la mencionada calaña. Su directora, la doctora Jahel Quiroga, recibió amenazas contra ella y 90 defensores de derechos humanos más y sus familias, a los cuales se les señaló de guerrilleros, y se les conminó a abandonar el país en un plazo de 15 días y a dejar de “seguir con el cuento de la defensa de los derechos humanos”.

Precisamente por estar en ese “cuento” de los derechos humanos, también algunas organizaciones internacionales se han visto sacudidas por la amenaza a sus miembros. Tal es el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), de la que uno de sus periodistas, Javier Osuna, ha sido objeto de ataques personales, incendio de su vivienda, robo de sus computadores y de valiosos archivos sobre el conflicto armado.

A estas amenazas se añaden las que padecen organizaciones que por ser contradictoras directas del actor del conflicto más digno de cuestionamientos, como es el Estado mismo, se ven obligadas a dar la cara en oficinas estatales a las que es fácil que se asomen aquellos funcionarios objeto de las sindicaciones que tienen que hacer esas organizaciones.

En este caso está Móvice, la organización del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que, por el solo hecho de reclamarle a ese Estado respeto por los derechos humanos, sus miembros quedan incursos en riesgos contra su integridad y su vida.

Si de oficio nuestras instituciones no asumen la defensa integral de los derechos humanos y la protección de las organizaciones que luchan por ellos, habrá de pensarse en la necesidad de buscar que los organismos internacionales asuman este compromiso.

Pero ello requiere de una gran movilización social en tal sentido.