No hay duda: la Jurisdicción Especial para la Paz pudo constituirse en un importante catalizador de la tranquilidad ciudadana, especialmente en aquellas regiones en que se sufrió con más rigor el embate de la violencia insurgente, contrainsurgente y paramilitar.
Tal era su propósito, según se concibió inicialmente, al querer darles a las víctimas la verdad, y solo la verdad, de los hechos criminales perpetrados en medio de la guerra y a los responsables aplicarles una cumplida justicia con arreglo a principios restaurativos.
La JEP significa para muchos una verdadera catástrofe y no queremos decir que esos muchos sean los que están dispuestos a declarar. Esos muchos son los muchos colombianos que posan de prohombres, pero que en realidad son los actores intelectuales de las masacres y demás actos con los que tanto dolor sembraron, y aún siguen sembrando, en el corazón de la patria.
Esos falsos prohombres son los que hoy están dando cumplimiento, por sí mismos o por mandaderos sin escrúpulos, a las amenazas de “hacer trizas los acuerdos de paz”, para lo cual han conformado un concierto para atentar contra ella, y muy especialmente contra la JEP, que al funcionar de acuerdo con lo inicialmente previsto, bien podría dejar al desnudo el grado de putridez al que han llegado.
Se trata, por supuesto, de una alianza que tiene asiento en las más altas esferas del poder político y económico, y de la cual hacen parte, entre otros, cientos de “colombianos de bien” que han propiciado y financiado la guerra para acrecentar sus riquezas y resguardar su poder político, de lo cual da buena cuenta el genocidio con el que prácticamente desaparecieron a la oposición que se expresa a través de la Unión Patriótica.
Por desgracia, tan despreciable caterva ya ha conseguido para sus propósitos algunos éxitos: Aprovechando su poder en el Congreso, han camuflado su protagonismo, dándose el candoroso nombre de “terceros implicados”, al tiempo que han vuelto voluntaria su comparecencia ante la JEP.
Han logrado que se constituya una jurisdicción especial, separada de la JEP, para que los militares implicados que lo quieran puedan ser juzgados en ella. Y además de otras lindezas, han logrado llevar al solio presidencial a un descaracterizado personaje, que se ha batido a fondo para impedir que la JEP tenga su ley estatutaria.
Ojalá que las exigencias que se presentarán al Gobierno nacional, con motivo del Paro Cívico Nacional que está en preparación, incluyan la defensa de esta importante jurisdicción, garante como el que más del propósito de no repetición. Dejarla que sucumba ante tan lamentables designios es renunciar definitivamente a tener una paz justa, estable y duradera.
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