Que la destitución del alcalde Gustavo Petro tiene una motivación política es inocultable. Tan inocultable como la inclinación ideológica misma del procurador General de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez. Petro es destituido por intentar un modelo de gestión pública marcadamente estatista en contra de uno esencialmente neoliberal. Ese es el trasfondo del asunto, lo demás son arandelas para justificar la destitución. Porque casos más graves de improvisación y chamboneo ha visto el país sin que el señor Procurador se haya tomado la molestia de decir ni pío. Esa es la verdad.

El procurador Ordóñez quiere hacerse con la jefatura natural del conservadurismo más acendrado, a partir no sólo de destituir funcionarios y políticos (caso Piedad Córdoba), sino de controvertir a la Corte Constitucional y hostigar funcionarios que estén en desacuerdo con sus posiciones (caso matrimonios ‘gay’). Pareciera que su pretensión fuese la de representar la extrema derecha en Colombia. Creo que se equivocan quienes piensan que él está al servicio del expresidente Uribe, el asunto es más bien al contrario, quiere poner a éste a su servicio. No me extrañaría nada que en un futuro no lejano fuese Ordoñez quien diera la estocada a Uribe.

Para entender a Ordóñez hay que tener en cuenta su costado religioso, él siente estar cumpliendo una misión divina, su autopercepción no es la de titular de la función disciplinaria que le asignan la constitución y las leyes sino la del guardián de la moral. Desde los tiempos del inquisidor Torquemada no se veía nada semejante. Más que procurador, parece un inquisidor.

De aquí a que termine su período el Procurador cortará muchas cabezas. Literalmente está limpiando el camino para 2018. Pero esta vez creo que el tiro le ha salido por la culata y la torta se le puede voltear. A todo parecer podría haber incurrido en abuso de la función pública al tomarse atribuciones asignadas al Presidente de la República, según el artículo 323 de la Constitución y el estatuto orgánico de Bogotá. Una cosa es destituir y otra solicitar la destitución. Tampoco está claro que pueda decretar la pérdida de derechos políticos, pues es una atribución de los jueces, según la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por el estado y que hace parte de la normatividad constitucional, por mandato de la Constitución de 1991. El Procurador podría pasar de investigador a investigado, y quedar en la mira del Fiscal General. Sin duda, Ordóñez subestimó la capacidad de reacción de Petro y de mucha gente que se ha aglutinado en torno a éste para manifestar su desacuerdo e inconformidad con él. Armó una coalición en su contra.

De birlibirloque, el caso se ha convertido en una papa caliente para el presidente Santos, quien no debería guardar excesivo silencio; hay muchos ojos puestos sobre este asunto, nacionales y extranjeros. Tiene ante sí el desafío inmenso de asegurar la vigencia plena del estado social de derecho. Además, como lo dijo el nuevo embajador de EE.UU. en la sesión de relaciones internacionales del senado, Kevin Whitaker (lo cual no le gustó a Uribe) la decisión es un mal mensaje para el proceso de La Habana, del cual Ordóñez es enemigo acérrimo; de allí que las FARC hayan reaccionado de inmediato, pese a que Petro no sea un hombre de sus afectos. La destitución del alcalde Gustavo Petro Urrego podría tener consecuencias electorales para Santos, quien necesita de los votos del centro izquierda para su reelección y para sacar adelante el proceso de paz.

Ordóñez cometió un error de cálculo político. Quiso eliminar un futuro competidor y lo que ha conseguido es catapultarlo y opacar sus falencias administrativas, que sin duda las tiene, las cuales quedan en un plano secundario si lo que se produjo fue un atropello. Mala consejera es la arrogancia.