Algo muy grave está pasando en Colombia para que la muerte de 10 reclusos en la cárcel Modelo de Barranquilla pueda quedar en una simple anécdota de la crónica judicial. Sé que el señor ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, estará de acuerdo conmigo en que si nuestra patria fuese un país serio habrían rodado cabezas al más alto nivel. Sin embargo, hasta el momento no ha pasado nada, ni en el gobierno ni en la sociedad colombiana. Estamos enfermos, no me cabe la menor duda.

El Defensor del Pueblo en Atlántico, Aníbal Gómez, declaró a los medios de comunicación que la situación estaba controlada “dentro de lo que se puede decir. Porque la situación es grave ya que en el lugar donde se presentó el incendio había cerca de 700 internos, cuando está hecho para 195 internos”. Si esto no es una violación de los derechos humanos, entonces no tengo la menor duda de qué puede serlo. Me asalta el temor, ojalá infundado, de que al final todo quede en lo de siempre: en un Consejo extraordinario de Seguridad con las autoridades distritales y departamentales con la Policía Metropolitana y el Inpec, una vergonzosa institución que está en mora de ser liquidada puesto que se ha convertido en un asqueroso foco de corrupción. Es un secreto a voces que el Inpec es una de las entidades estatales más corruptas e inhumanas que existen. No existe el más mínimo respeto por los reclusos ni por los familiares de estos. Allí se trafica con los derechos más elementales. No entiendo por qué este Gobierno no ha cerrado esta institución.

La tragedia de Barranquilla debería avergonzarnos a todos. Además de los 10 muertos, 50 reclusos más resultaron heridos.

Según cifras del Inpec, en mayo del año pasado la población carcelaria superaba en 41 mil 802 internos la capacidad de los establecimientos reclusorios de orden nacional e internacional (Eron).

Las cárceles nacionales del país tienen cabida para albergar a 76 mil 66 presos, actualmente hay 120 mil 387. Para el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el porcentaje total de hacinamiento alcanza el 58.3 por ciento, “una cifra sin precedentes en la historia reciente del país, y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400 por ciento”. ¿No tienen derechos estas personas ni sus familias? ¿No existe para ellos una Constitución Política que los ampare?

La crisis carcelaria es un reflejo de la crisis de la Justicia y de la sociedad. En Colombia todos sabemos que existen presos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Allí también se refleja, como en otros ámbitos de la vida colombiana, el clasismo y la discriminación social. Las personas para quienes funciona el teléfono de las influencias no padecen el hacinamiento ni las restricciones. El país entero ha sido testigo, por ejemplo, de los privilegios de algunos delincuentes de cuello blanco. Aún está fresca en la memoria de los colombianos la escabrosa historia de la tristemente célebre cárcel de La Catedral, construida a medida por y para el inefable Pablo Escobar. El ministro de Justicia está en mora de introducir reformas radicales al problema carcelario. Se requieren medidas extraordinarias. No hay que esperar a más tragedias como las de Barranquilla. Hay que superar el paradigma carcelario, algo en lo cual cree el ministro Gómez. La cárcel es una medida extrema que sólo tiene sentido cuando el procesado constituye un peligro para la sociedad o cuando está en condiciones de entorpecer la investigación, de lo contrario no. Pero ya desde mis años de mocedad en la universidad se decía que un auto de detención no se le negaba a nadie.

Aunque sólo fuese para honrar la memoria de las anónimas víctimas de Barranquilla esperamos que algo pase.