Ante la imposibilidad de controvertir los numerosos cuestionamientos a la moralidad pública de uno de los candidatos a la Gobernación del Tolima, cercanos a éste se han empeñado en los últimos días en lanzar a la opinión pública todo tipo de distractores con el ánimo de confundir a la ciudadanía. Lo censurable es que las acusaciones que han pretendido endilgar han resultado llenas de imprecisiones e incluso de mentiras.
Primero fue un abogado que no solo aseguró que al candidato Mauricio Jaramillo le habían pagado 240 millones por permitir la disposición de material de relleno de las obras de los Juegos Nacionales en uno de sus predios, sino que también acusó a la autoridad ambiental de haber entregado un permiso “exprés” para tal propósito. Sin embargo, ese ridículo no pudo ser mayor cuando Cortolima aclaró que tal actividad no requiere de ningún permiso o licencia ambiental. Incluso, el ánimo de dañar no dejó ver al abogado que la mayoría de los terrenos señalados no es de propiedad del citado candidato sino del Deportes Tolima S.A., y están destinados a la construcción de varias canchas de fútbol para su escuela deportiva; además, resultó ser totalmente falso que Jaramillo hubiera recibido tal cantidad de dinero.
Posteriormente, otro abogado publicó senda columna de opinión asegurando una supuesta valorización de los predios de Jaramillo por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, y una presunta injerencia en la decisión del Consejo Directivo de iniciar el procedimiento para la elección del próximo director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Como en el caso anterior, las afirmaciones resultaron ser completamente perversas y mentirosas. Los predios supuestamente valorizados -El Encanto y La Pradera-, no presentaron cambio alguno en el uso del suelo con la reciente actualización del POT, lo que desvirtúa cualquier supuesto beneficio económico como producto de una decisión administrativa. Por otra parte, lo que desconoce o quizá oculta el quejoso abogado, es que el proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de Cortolima fue presentado por la delegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y atiende cabalmente la ley 1263 de 1998, que establece que “el proceso de elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible deberá seguirlo el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo”, periodo que iniciará el 1 de enero de 2016; incluso, la aprobación del procedimiento para elegir al Director General, que el columnista trata de hacer ver como sospechosa, no solo se dio en Cortolima sino también en la CAR de Cundinamarca, Codechocó y la CAR del norte antioqueño, entre otras.
Tratar de presentar como “harina de un mismo costal” a los dos candidatos más opcionados para ganar la Gobernación del Tolima, con el fin de que la ciudadanía no identifique diferencias fundamentales que puedan ser decisivas a la hora de elegir por quién votar, parece ser ahora la estrategia de quienes insisten en defender el objetado gobierno anterior. No obstante eso no les va a quedar fácil, porque mientras sobre la carrera política de Mauricio Jaramillo no pesa ningún pasado que esconder, pareciera que al otro candidato lo persiguen fantasmas de los que aparentemente no ha podido desprenderse.
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