Respeto profundamente la decisión tomada por las mayorías para elegir los próximos gobernantes. Celebro que hayamos vivido elecciones pacíficas y sin mayores controversias sobre la legalidad de los comicios, y, por supuesto, deseo que tanto el alcalde como el gobernador logren sacar adelante gobiernos serios, transparentes, y que puedan generar los mejores resultados para Ibagué y el Tolima.
No obstante, como es bien conocido, la legitimidad con la que inician ambos gobiernos no es la misma. Mientras el Alcalde electo ha llevado una vida pública sin tacha alguna y ha demostrado que al frente del poder es capaz de llevar las riendas con disciplina y rigor, sobre el nuevo Gobernador pesan serios cuestionamientos que en muchos genera desconfianza. En las urnas así quedó demostrado: el primero logró una victoria contundente, pero el segundo, a pesar de haber anunciado una “muenda” a sus competidores, alcanzó un muy apretado triunfo.
No pretendo fustigar a quien apenas va a empezar a gobernar, pero sí recalco que el Gobernador electo debe saber que inicia su periodo con “matrícula condicional”, motivo por el que, como tolimense, me siento en el deber de exigirle que establezca un gobierno decente y que no permita que ninguna de las historias deshonrosas de su primer gobierno se repitan.
El Gobernador saliente logró indiscutibles avances que deben ser cuidados en el próximo cuatrienio: disciplina fiscal que recuperó la confianza y llevó a la recategorización del departamento. Un generoso apoyo a la Universidad del Tolima, que contribuyó a su desarrollo institucional y la mejora en términos de cobertura y calidad educativa. Una colaboración incondicional a las instituciones de salud del Departamento, que no solo permitió reversar un inminente cierre del Hospital Federico Lleras Acosta, sino también la recuperación fiscal de la mayoría de hospitales de primer nivel del Tolima. La resistencia categórica a La Colosa y todo proyecto que pudiera amenazar los recursos naturales y el tejido social de nuestra región, y el respaldo absoluto a todas las expresiones ciudadanas que luchan por el derecho colectivo a un ambiente sano. La aprobación de proyectos clave desde el nivel central, con los que se permitirá avances sustanciales en términos de infraestructura vial, desarrollo rural y lucha contra la pobreza. Pero, sobre todo, altos niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos y promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno, que le permitió alcanzar una de las mejores calificaciones a nivel nacional en el Índice de Gobierno Abierto -IGA-.
Con todo esto, creo que en los cuatro años que terminan el Tolima avanzó fundamentalmente en ganar respeto y credibilidad ante el Gobierno nacional, los organismos de control, los gremios y las organizaciones sociales, además de dar ejemplo de buen gobierno a las demás entidades públicas del Departamento. Tal hazaña no puede verse comprometida por un manejo inadecuado de la gestión pública seccional. Por eso reclamo que el gobierno entrante obre dentro del marco de la legalidad, la responsabilidad y la ética pública. Pero como sé que no va a ser fácil, insto a todos los encargados de ejercer control para que lo hagan de manera independiente y decidida, con el fin de evitar que el Tolima retroceda, o, peor aún, vuelva a caer en algunas desgracias del pasado.
Comentarios