Cualquier ciudadano podría pensar que el cierre de las oficinas de AngloGold Ashanti en Ibagué significa la victoria absoluta en la lucha por evitar la minería contaminante en territorio tolimense. Si bien es cierto la multinacional decidió suspender sus actividades en virtud de los resultados de la consulta popular de Cajamarca, es responsable prevenir al público sobre la muy alta posibilidad que esta decisión, en lugar de ser definitiva, resulte más bien una “jugada maestra” para apaciguar la resistencia social mientras buscan otras formas de hacer exigibles sus derechos en contravía de la decisión del pueblo.
Si quisieran irse para siempre, renunciarían a los títulos que tienen en Cajamarca e Ibagué, anunciarían demandas a la Nación por los perjuicios económicos causados y paulatinamente retirarían sus inversiones de un país que aparentemente no les brinda la seguridad jurídica para el desarrollo de sus proyectos extractivos. Nada de eso ha pasado. Lo que quieren es ganar tiempo.
El movimiento socio ambiental es fuerte, además, ha sido potenciado por la posición de poderosos actores políticos que han ayudado a que la resistencia a la minería sea feroz: con un Alcalde como Jaramillo y los actuales concejos de Ibagué y Cajamarca, tal vez no sea el momento de dar la pelea, quizá prefieran esperar a que terminen su periodo constitucional y “negociar” nuevos relacionamientos con quienes lleguen al poder.
La anterior lógica no es descabellada, solo la ingenuidad podría llevar a pensar que después de haber invertido muchos millones de dólares una compañía esté dispuesta a retirarse de manera cordial. La principal razón por la cual los ibaguereños deben permanecer en pie de lucha es porque las más de 42 mil hectáreas concesionadas para minería, la mayoría en el cañón del Combeima y otras zonas de alto valor ambiental, siguen estando vigentes y representan una amenaza para el futuro de la ciudad.
Insistir ahora en sentar un precedente político emanado de la ciudadanía a través de una Consulta Popular, es evitar que la decisión trascendental de permitir o no actividades mineras contaminantes quede en manos de los gobernantes de turno: nadie puede garantizar que mañana no llegue un Alcalde o un Concejo pro minero, ya le ha pasado a algunos vecinos.
La movilización social debe ser incesante, Piedras y Cajamarca ya hicieron su parte, muy pronto le corresponderá el turno a Ibagué. El Alcalde presentará nuevamente la pregunta al Concejo Municipal en búsqueda de que esta vez sí sea posible convocar al pueblo a las urnas, y no hay mejor forma de abrir esa campaña cívica que acompañar masivamente lo que se convirtió en la máxima expresión de rechazo a la minería: la Gran Marcha Carnaval.
El próximo 2 de junio vamos a salir a la Marcha, no solo a exigir al Gobierno que respete el abrumador rechazo a la minería que los cajamarcunos expresaron en su Consulta, también el derecho que nos asiste a los ibaguereños de blindar perennemente nuestra ciudad de la depredación que representa la minería a cielo abierto y de cualquier proyecto que pueda atentar contra el agua y el bienestar de nuestros ciudadanos.
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