Con alborozo y entusiasmo recibieron algunas comunidades y organizaciones no gubernamentales ambientalistas, la noticia que en primera página, el pasado domingo en el Nuevo Día anunciaba que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmaba la suspensión del fracking en el país. La información daba cuenta de la imposición de nuevas condiciones a futuros proyectos piloto por todos los riesgos a la salud y el ambiente que se genera al utilizar esa técnica de extracción de hidrocarburos.
Vale la pena recordar que Colombia cuenta con ocho cuencas geológicas con potencial de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y una de ellas está ubicada en el valle superior del Magdalena, coincidiendo con la ubicación de nuestro departamento. Aquí lo que se jugaría con la implementación del fracking en términos económicos no es nada despreciable.
Según una información aparecida en la Revista Dinero de octubre del año anterior, Colombia sumaría $34.300 millones de dólares al PIB mediante la explotación en etapa de desarrollo de no convencionales en el valle medio del Magdalena. US 15.000 millones en exportaciones anuales derivadas de yacimientos no convencionales pueden aportar para cerrar el déficit de la balanza comercial, y, el país podría tener US 8,500 millones en inversiones anuales.
Con estas cifras el gobierno del presidente Duque ha sido reiterativo en la importancia de llevar adelante los proyectos piloto con la esperanza de que éstos demuestren que son inócuos para el ambiente y así poder garantizar el ingreso al país de estos recursos que producirían según algunos analistas una nueva bonanza petrolera y Colombia podría resolver tanta necesidad presente. Es tan fuerte esta presión económica, que está dispuesto a traicionar otra promesa de campaña como la que pregonaba de no al fracking.
Una de las grandes amenazas del fracking tiene que ver con la contaminación de las aguas, por eso, volviendo al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, éste ordena que se deben proteger los acuíferos subterráneos, porque al usar esta técnica “podrían entrar en contacto con fracturas naturales preexistentes que dependiendo de su extensión vertical podrían conectar con la base del acuífero”.
El fracking seguirá suspendido en el país según este alto tribunal mientras no existan estudios científicos que garanticen que “con esta actividad, no se pondrá en riesgo la salud, el aire, el agua, el subsuelo y en general a todo factor integrante del medio ambiente”.
Las condiciones están dadas para que la tensión entre defensores y detractores del fracking continúe. La postura de los defensores a ultranza por los gigantescos intereses económicos, aducen que el país no puede renunciar a estos ingresos tan importantes. Que Colombia vive en una dictadura de los jueces que sin una consideración seria por lo que se juega el país en materia de finanzas, fallan en contra del progreso y la estabilidad financiera. Mientras que los críticos a la implementación de esta técnica, manifiestan que lo primero es garantizar la defensa del medio ambiente y especialmente el recurso hídrico, que nuestra Nación debe migrar rápidamente al uso de otras energías ambientalmente sostenibles.
Hablaba del alborozo que sienten algunas comunidades y organizaciones por el fallo referido, pero de ninguna manera la situación está resuelta y éstas deben estar alerta pues las presiones no cesarán y cuando menos acordemos el país puede empezar a utilizar esta técnica de fracturamiento que viene siendo proscrito en países como Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia y República Checa.
Un gobierno que incumple sin palidecer sus promesas de campaña no tendría ninguna dificultad en hacer lo mismo con su negativa original a usar el fracking. Los pobladores en los territorios amenazados por el uso del esta técnica lo saben y por ello consolidan sus organizaciones y se mantienen en pie de lucha, una lucha por las presentes y futuras generaciones, por la dignidad humana y por la vida.
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