Por supuesto, los colombianos estamos indignados y el domingo anterior, se realizaron manifestaciones públicas, rechazando la decisión de la Corte.

Igualmente siento mi protesta e inconformismo, por cuanto pareciera un hecho de ineptitud de la comisión de juristas que tuvo a cargo la defensa del territorio nuestro.

La Constitución Política de Colombia en su capítulo lV, referido al Territorio Nacional, artículo 101 precisa: Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso… forman parte de Colombia, además del territorio continental, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás Islas, islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

Sin embargo, el país hoy es víctima de una decisión que se convierte en antecedente para que en cualquier momento se siga jugando porque aparecen interesados en nuestras propiedades aéreas, terrestres, marítimas.

Las propias Naciones Unidas, a la cual pertenece Colombia, expresamente dice que todo tipo de fallo de esta naturaleza, debe ser acatado. Pero como queda dicho, el texto de la Constitución puede ser interpretado en forma contrario; de ahí que el Presidente se haya expresado sobre el no acatamiento.

El dolor que embarga a los sanandresanos, a su gobernadora, nos consterna a todos en diferente medida, pero, el alto gobierno a través de su canciller en los días anteriores al fallo, había planteado la posibilidad, de una decisión “salomónica”, con lo cual se anticipaba a la Corte.   

De sus labios no debió salir tal sentencia. Pero que curiosamente hoy la misma voz expresa: “eso no se va a quedar así”, fue la voz de la canciller María Ángela Holguín.

Haciendo un análisis, se siente que no se ha tenido en cuenta el derecho del que históricamente han disfrutado los isleños y que hoy se ven avocados a no hacer uso de la producción marítima en su totalidad, como medio de subsistencia, atentando contra algunos de sus derechos fundamentales.  

Seguramente, como todo problema puede convertirse en oportunidad, llegó la hora de que el gobierno dé una mirada generosa a cada uno de los raizales y finalmente sienta que San Andrés y Providencia es parte importante del país.  Aquí se puede afirmar, que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde.

Me resisto a creer que existiendo jurisprudencia sobre fallos a favor de Colombia, estos no hayan sido tenidos en cuenta.

¿Será que el país no tiene juristas idóneos para interpretar y hacer valer el Derecho Internacional?